El exministro de Agricultura de China, Tang Renjian, fue sentenciado a pena de muerte con suspensión condicional de dos años tras ser hallado culpable de aceptar sobornos por más de 38 millones de dólares entre 2007 y 2024. Un Tribunal Popular determinó que los delitos cometidos ocasionaron “pérdidas graves para los intereses del Estado y del pueblo”, lo que justificó la imposición de la máxima sanción prevista por la ley.

Tang, de 63 años, tuvo una amplia trayectoria política antes de llegar al gabinete central, desempeñándose como gobernador de la provincia de Gansu y vicepresidente de la región autónoma de Guangxi. Durante el proceso judicial, confesó los hechos y expresó arrepentimiento, lo que permitió aplicar la fórmula legal que suspende la ejecución de la pena. Según el sistema chino, este beneficio podría convertirse en cadena perpetua si mantiene buena conducta en el periodo establecido.

La condena de Tang se suma a la lista de altos funcionarios caídos en la campaña anticorrupción impulsada por el presidente Xi Jinping desde hace más de una década. Dicha estrategia ha alcanzado a cientos de miles de cuadros del Partido Comunista, incluidas figuras de primer nivel dentro del gobierno central y el ejército.

Entre los casos más sonados se encuentran los de los exministros de Defensa Li Shangfu y Wei Fenghe, apartados por denuncias de corrupción. Incluso el actual titular de Defensa, Dong Jun, ha sido mencionado en investigaciones internas que forman parte de esta amplia ofensiva.

Si bien el Gobierno chino sostiene que estas medidas fortalecen la transparencia y la ética en la gestión pública, analistas internacionales advierten que también cumplen un rol de control político, al neutralizar posibles rivales de Xi Jinping. Este doble enfoque, entre lucha institucional contra la corrupción y consolidación del poder, sigue alimentando el debate sobre el verdadero alcance de las sanciones.