Una investigación publicada por el medio israelí Ynet sostiene que el fallecido líder supremo de Irán, Ali Jamenei, dejó una fortuna estimada entre 100.000 y 200.000 millones de dólares, con activos distribuidos en distintos países occidentales.

El reporte señala que el alcance de ese patrimonio se extiende desde propiedades en Londres hasta inversiones inmobiliarias y turísticas en España, además de estructuras financieras en otras jurisdicciones.

Según el artículo, la magnitud de la herencia contrastaría con la situación económica interna de Irán, marcada por inflación, devaluación y restricciones derivadas de sanciones internacionales. El informe sostiene que parte de los capitales habrían sido colocados en mercados estratégicos de Europa y América Latina, con especial énfasis en España y Venezuela.

En el caso español, el reporte menciona la adquisición de resorts, campos de golf y propiedades en zonas exclusivas como Mallorca, que habrían servido no solo como activos de inversión sino como mecanismos de resguardo patrimonial. Estas operaciones, de acuerdo con la publicación, se intensificaron tras episodios de inestabilidad interna en Irán en los últimos años.

La investigación también sitúa a Venezuela como un punto clave dentro de la arquitectura financiera atribuida al entorno del exlíder iraní. Según el medio, cuentas bancarias en ese país y en otras naciones como Siria y Emiratos Árabes Unidos habrían sido utilizadas para movilizar recursos, incluyendo ingresos derivados de la venta de petróleo, en medio de un complejo entramado para sortear sanciones.

El origen de la fortuna estaría vinculado, según Ynet, a la organización Setad —Setad Ejraiye Farmane Hazrate Emam— creada tras la revolución de 1979 para administrar propiedades consideradas abandonadas. Con el tiempo, esta entidad se habría convertido en un conglomerado con participación en múltiples sectores económicos dentro de Irán.

El artículo plantea que, tras la muerte de Jamenei, surge la interrogante sobre el control efectivo de estos activos, presuntamente gestionados por familiares y redes de intermediarios en paraísos fiscales como Liechtenstein y Suiza. De producirse cambios políticos en Irán, la eventual disputa por la recuperación o congelamiento de estos bienes podría abrir un complejo escenario legal en diversas jurisdicciones internacionales.