Durante décadas, autoridades locales en el Reino Unido fallaron sistemáticamente en proteger a menores víctimas de redes de abuso infantil, priorizando la preservación de una imagen de multiculturalismo exitoso sobre la justicia y seguridad de las víctimas. Un reciente bloqueo a una investigación pública en Oldham ha reavivado la indignación, dejando al descubierto un patrón de negligencia intencionada y complicidad institucional.

En Oldham, un informe de 2022 cubrió solo una fracción de los crímenes ocurridos entre 2011 y 2014, excluyendo décadas de abusos y encubrimientos previos. Pese a las demandas de las víctimas por una investigación nacional, la ministra de Protección, Jess Phillips, descartó esta opción, optando por una revisión local que las familias consideran insuficiente.

Este escándalo no es aislado. Ciudades como Rotherham, Telford y Rochdale han sido escenario de abusos sistemáticos, con miles de niñas, en su mayoría blancas y vulnerables, explotadas por redes de hombres predominantemente de origen pakistaní. Las denuncias de las víctimas fueron ignoradas deliberadamente por temor a acusaciones de racismo o a tensiones comunitarias.

Casos emblemáticos como el de Lucy Lowe en Telford, asesinada junto a su familia por su abusador, y el de niñas en Rotherham sometidas a violencia extrema si hablaban, ilustran la magnitud del problema. En Bradford, una menor de 14 años fue obligada a casarse con su agresor bajo la complacencia de las autoridades.

Informes como el de Rotherham en 2014 revelaron que estas negligencias no eran solo fallas administrativas, sino decisiones conscientes para proteger a los perpetradores. Padres que intentaron rescatar a sus hijas fueron arrestados, mientras las menores eran detenidas por supuestos "comportamientos desordenados". En algunos casos, se alertó a los agresores sobre las denuncias presentadas en su contra.

Este fracaso institucional se vincula a una interpretación equivocada del multiculturalismo, donde mantener la apariencia de armonía cultural se priorizó sobre la protección de las víctimas. Críticos como Guy Dampier sostienen que esta política permitió ignorar los crímenes por el perfil racial de agresores y víctimas, en un acto de discriminación inversa.

Ante este panorama, líderes y activistas exigen acciones contundentes. Se proponen investigaciones nacionales, sanciones a los responsables y reformas que garanticen la imparcialidad de las instituciones. La presión pública aumenta para que se haga justicia y se restaure la confianza en las autoridades británicas.

El costo de estos encubrimientos ha sido devastador, dejando cicatrices profundas en la sociedad británica. Ahora, el país enfrenta el reto de priorizar la justicia sobre las apariencias, en busca de reparar el daño a las víctimas y sus familias.