El empresario mexicano Ricardo Salinas Pliego anunció que presentó una denuncia formal ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), organismo adscrito a la Organización de los Estados Americanos (OEA), en la que acusa al Estado mexicano de llevar a cabo un “acoso sistemático” en su contra. Según indicó, esta situación tendría como objetivo limitar su libertad de expresión y su participación en el debate público.

De acuerdo con su versión, la denuncia fue entregada directamente al Relator Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH, Pedro Vaca. El documento estaría acompañado por un expediente de más de 100 páginas que, según afirma Salinas Pliego, incluiría pruebas de un uso coordinado de mecanismos fiscales, judiciales, administrativos y mediáticos para hostigarlo debido a sus críticas al gobierno.

El empresario sostiene que entre las acciones que configuran esta supuesta persecución se encuentran auditorías fiscales que considera excesivas, pronunciamientos públicos desde el propio gobierno en su contra y decisiones judiciales que, a su juicio, responden a presiones políticas. Por ello, pide que la CIDH declare la responsabilidad internacional del Estado mexicano y disponga medidas de protección que garanticen plenamente la libertad de expresión y el derecho a la propiedad.

Este nuevo episodio se inscribe dentro de un prolongado conflicto entre Salinas Pliego y las autoridades fiscales de México, particularmente con el Servicio de Administración Tributaria (SAT), entidad que busca ejecutar el cobro de millonarias deudas tributarias que ya cuentan con resoluciones judiciales firmes en el ámbito interno.

Desde el gobierno mexicano, las autoridades han sostenido que no existe persecución política y que las acciones ejecutadas forman parte de procedimientos fiscales y legales legítimos, dentro del marco normativo del país. Sin embargo, el empresario insiste en que las medidas adoptadas responden a represalias por sus posiciones críticas.

La denuncia ahora deberá seguir el curso regular dentro de la CIDH, que primero evaluará si el caso cumple los requisitos para ser admitido. El proceso podría extenderse durante varios años antes de resolverse si se inicia una etapa formal o, eventualmente, si el caso es derivado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para una decisión definitiva.