En una condena conjunta, los gobiernos de Argentina, Costa Rica, Guatemala, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay rechazaron categóricamente la orden de arresto emitida por el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela en contra de Edmundo González, candidato presidencial de la oposición en las elecciones del 28 de julio de 2024.

La orden de arresto, que acusa a González de varios delitos, ha sido calificada por estos países como un intento de silenciar al líder opositor y de desconocer la voluntad popular de los venezolanos. En su comunicado conjunto, los siete países denunciaron que la acción judicial contra González constituye una clara persecución política y se inscribe dentro de las prácticas autoritarias del régimen venezolano.

"Rechazamos de manera inequívoca y absoluta esta orden de aprehensión que no tiene otro propósito más que eliminar cualquier disidencia política en Venezuela", señala el comunicado. Los firmantes expresaron su preocupación por la ausencia de una verdadera separación de poderes en el país sudamericano y la falta de garantías judiciales mínimas, lo que ha llevado a un creciente número de detenciones arbitrarias.

Edmundo González, quien se presentó como candidato de la oposición en las elecciones presidenciales, ha sido una voz crítica del gobierno de Nicolás Maduro, acusándolo de manipular el sistema judicial para perseguir a sus adversarios políticos. La comunidad internacional ha seguido de cerca su caso, alertando sobre el peligro que corre su integridad y libertad tras la emisión de la orden de captura.

"Condenamos estas prácticas dictatoriales y nuestros esfuerzos serán firmes y continuos para exigir a las autoridades venezolanas que garanticen la vida, la integridad y la libertad de Edmundo González Urrutia", declararon los siete países en su comunicado. Además, instaron al régimen de Maduro a respetar los derechos humanos y la voluntad democrática de su pueblo.

Este nuevo episodio de persecución política en Venezuela ha vuelto a poner de relieve la grave crisis política y de derechos humanos que vive el país, mientras la presión internacional crece para que se respeten las libertades fundamentales.