El Consejo Federal de Suiza anunció la congelación inmediata de todos los activos que Nicolás Maduro y personas vinculadas a él mantengan en territorio suizo, como una medida preventiva destinada a impedir la transferencia al extranjero de bienes presuntamente adquiridos de manera ilícita. La decisión tendrá una vigencia de cuatro años y se suma al régimen de sanciones que el país europeo aplica contra el entorno del exmandatario venezolano desde 2018.

Mediante un comunicado oficial, las autoridades suizas señalaron que la medida busca “prevenir la fuga de activos” en un contexto que calificaron como volátil, en el que distintos escenarios políticos y judiciales siguen abiertos. El congelamiento se aplica con efecto inmediato y no alcanza a los integrantes del actual gobierno venezolano, según precisó el Consejo Federal.

Suiza explicó que la determinación responde a la necesidad de preservar bienes que podrían ser objeto de futuros procesos judiciales, tanto a nivel nacional como internacional. En ese sentido, indicó que la acción no se fundamenta en un juicio político sobre los acontecimientos recientes en Venezuela, sino en criterios de carácter preventivo y jurídico.

Las autoridades añadieron que, en caso de comprobarse que los activos congelados fueron obtenidos de forma ilícita, estos podrían ser destinados en el futuro a beneficiar al pueblo venezolano. La congelación permitiría así facilitar eventuales procedimientos de cooperación judicial y asistencia legal recíproca que se inicien más adelante.

El Consejo Federal sostuvo que el “factor decisivo” para adoptar esta medida es la posibilidad de que, tras los cambios políticos ocurridos en Venezuela, se activen acciones legales para investigar el origen de determinados bienes. Evitar su traslado fuera de Suiza es considerado clave para garantizar la eficacia de esos eventuales procesos.

Finalmente, el Gobierno suizo reiteró que esta política busca resguardar el Estado de derecho y la transparencia financiera, subrayando que la congelación de activos es una herramienta cautelar destinada a proteger intereses públicos legítimos y a asegurar que cualquier determinación futura pueda ejecutarse de manera efectiva.