El gobierno de Donald Trump ha anunciado el despido de 2.000 trabajadores de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y la suspensión de la mayoría de sus empleados en el extranjero. La decisión, ejecutada por Pete Marocco, director designado por Trump al frente de la agencia, mantiene a solo 600 trabajadores en funciones.

El viernes pasado, un juez federal permitió que el gobierno siguiera adelante con su plan de recortes, rechazando una demanda de los empleados de USAID que buscaban bloquear los despidos. La medida se enmarca en la estrategia de reducción del gasto público impulsada por Trump y su aliado Elon Musk, quienes han calificado la asistencia internacional como derrochadora y contraria a sus intereses políticos.

La agencia ha enviado notificaciones a su personal informando que, a partir del domingo, todos los empleados que no desempeñen funciones cruciales serán colocados en licencia administrativa. Además, los puestos con sede en Washington que entren en este proceso podrían ser eliminados en las próximas semanas.

Sindicatos y contratistas de USAID han presentado demandas contra la decisión, argumentando que la Casa Blanca no tiene autoridad para desmantelar programas financiados por el Congreso sin aprobación legislativa. No obstante, la administración Trump ha cerrado oficinas, suspendido proyectos de desarrollo y bloqueado fondos destinados a la cooperación internacional.

El impacto de estos recortes va más allá de la agencia misma, pues USAID ha sido clave en la política exterior de EE.UU. durante décadas. Críticos advierten que la eliminación de estos programas podría desestabilizar regiones en crisis y afectar la seguridad nacional. Mientras tanto, un juez en una demanda paralela ha ordenado temporalmente el restablecimiento de algunos fondos de asistencia en el extranjero, pero la incertidumbre sigue marcando el futuro de la agencia.