El Gobierno de Estados Unidos manifestó su oposición frontal a la resolución aprobada por el Senado que busca restringir las capacidades del presidente Donald Trump para ejecutar nuevas operaciones militares en Venezuela sin autorización del Congreso.

La Casa Blanca adelantó que, de llegar al despacho presidencial, la medida será vetada. La posición oficial quedó expresada en un documento de política administrativa emitido por la Oficina de Gestión y Presupuesto, en el que se sostiene que la resolución debilitaría la capacidad del Ejecutivo para proteger los intereses de seguridad nacional.

La administración recordó que el 3 de enero se llevaron a cabo acciones militares limitadas dentro de territorio venezolano, coordinadas a partir de una solicitud del fiscal general, con el objetivo de apoyar la operación que permitió la captura y traslado de Nicolás Maduro y Cilia Flores a Estados Unidos para enfrentar procesos penales federales. El documento señala que estas acciones se desarrollaron bajo la premisa de seguridad y cumplimiento de la ley, ante lo que el Gobierno describe como una amenaza grave y persistente para la región y para los ciudadanos estadounidenses.

La justificación del Ejecutivo también se apoya en las acusaciones formuladas por una corte federal de Nueva York, que emitió órdenes de arresto contra Maduro y otros individuos por presunta participación en una amplia conspiración vinculada al narcoterrorismo y al tráfico de drogas hacia Estados Unidos. Según la administración, estas actividades habrían generado desestabilización en el hemisferio occidental y un riesgo sustancial para la seguridad estadounidense, por lo que, sostiene, la intervención fue necesaria y proporcional.

Trump, por su parte, reaccionó con dureza contra los cinco senadores republicanos que votaron a favor de la resolución: Susan Collins, Lisa Murkowski, Rand Paul, Josh Hawley y Todd Young. A través de su cuenta en Truth Social, el mandatario afirmó que ninguno de ellos debería volver a ser elegido y calificó su decisión como un acto de “estupidez”, enfatizando que restringir sus facultades en este contexto es, a su juicio, perjudicial para la defensa del país.

El presidente también cuestionó el marco legal que sustenta la Resolución sobre los Poderes de Guerra, una norma originada durante la Guerra de Vietnam que busca limitar la capacidad del Ejecutivo para involucrar fuerzas armadas en conflictos sin autorización legislativa. Trump sostuvo que dicha ley es inconstitucional y reiteró que sus acciones en Venezuela se enmarcan dentro de sus atribuciones como comandante en jefe y jefe del Ejecutivo para proteger a ciudadanos estadounidenses y garantizar la aplicación de la ley.

Mientras tanto, la Casa Blanca mantiene la postura de que las fuerzas armadas actuaron siguiendo órdenes legítimas orientadas a salvaguardar los intereses de seguridad y la política exterior de Estados Unidos. La revisión del Congreso abre ahora un nuevo escenario político en Washington, marcado por tensiones entre el Ejecutivo y sectores tanto demócratas como republicanos, con el debate centrado en los límites del poder presidencial en intervenciones militares y en el futuro de la política estadounidense hacia Venezuela.