El Poder Judicial del Perú condenó a 20 años de prisión al exasesor presidencial Vladimiro Montesinos Torres por el delito de homicidio calificado en agravio de la periodista Ruth Melissa Alfaro Méndez y de Víctor Hugo Ruiz León. La decisión fue adoptada por unanimidad por la Tercera Sala Penal Superior Nacional Liquidadora Transitoria, que además rechazó el pedido de prescripción planteado por la defensa.

Durante la lectura de sentencia, en la que Montesinos estuvo presente, el colegiado también lo halló responsable por homicidio calificado en grado de tentativa contra Alejandro Augusto Zúñiga Paz, Ricardo Alexis Colmenares y Carlos Eduardo Arroyo Reyes. En el mismo fallo, se absolvió a Víctor Peñas Sandoval como autor material, resolución que fue apelada por el Ministerio Público y la parte civil mediante recurso de nulidad.

La sentencia dispone, además, el pago de reparaciones civiles de manera solidaria entre Montesinos y el Ministerio de Defensa del Perú. Se fijó una indemnización de S/ 500,000 para cada una de las víctimas de homicidio consumado, S/ 200,000 para Zúñiga Paz y S/ 50,000 para Colmenares y Arroyo Reyes, así como medidas de reparación integral a favor de los afectados y sus familiares.

El caso se remonta a 1991, cuando, según la acusación fiscal, se implementó una estrategia basada en el envío de “sobres bomba” como parte de una política antisubversiva durante el gobierno de Alberto Fujimori Fujimori. Estas acciones estaban dirigidas contra personas que eran consideradas presuntamente vinculadas a organizaciones terroristas o defensoras de sus integrantes.

De acuerdo con la investigación, la periodista Melissa Alfaro y Víctor Hugo Ruiz León fallecieron a causa de explosiones ocurridas en octubre y junio de ese año, respectivamente. Otros afectados, como Zúñiga Paz, resultaron heridos tras recibir estos artefactos, mientras que Colmenares también fue blanco de un ataque similar en su centro de trabajo.

El proceso judicial contó con la presencia de un representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, lo que refleja el interés internacional en el caso. La resolución del Poder Judicial marca un hito en la revisión de crímenes vinculados a la lucha antisubversiva y reabre el debate sobre la responsabilidad de altos funcionarios en violaciones a los derechos humanos ocurridas en ese periodo.