Por Martha Chávez, publicado en Expreso

El 22 de mayo último asistí, junto con el personero legal nacional de Fuerza Popular y un abogado del equipo jurídico del partido, a una reunión técnica convocada en la sede de la ONPE. Participaron en la reunión tres representantes de Juntos por el Perú, entre ellos su personero legal nacional.

Se trataba de intercambiar puntos de vista respecto de temas cruciales relacionados con la participación en la segunda vuelta electoral de los dos partidos que, a esas alturas, ya estaban en ella. Es pertinente recordar que Fuerza Popular estaba ya en el balotaje desde el día mismo de la elección, el 12 de abril, y que fueron necesarios casi mes y medio de conteo y reconteo de votos para que se definiera el ingreso del otro partido en carrera.

La agenda se refería casi en su totalidad a las garantías que tendrían los partidos para la plena participación de sus personeros, considerando los cuestionamientos que se habían levantado respecto de microcentros de votación en los lugares más alejados de las ciudades del interior del país, las ya famosas mesas “900000”; la deficiente capacitación a los empleados contratados temporalmente por la ONPE y el JNE, que impidió que los personeros de mesa pudieran acreditarse pese a contar con la credencial pertinente y, peor aún, que pudieran tener a su cargo más de una mesa, conforme lo permite la ley.

Asimismo, se abordó la insuficiente información brindada a los miembros de mesa, que, en muchos casos, impidió, sin razón alguna, que los personeros tomaran registro fotográfico o en video del escrutinio.

Me sorprendió que los representantes del partido rival de Fuerza Popular señalaran y repitieran más de una vez que sus personeros no habían tenido problema alguno en ninguna mesa ni centro de votación a lo largo y ancho del país, situación muy distinta de la razonada versión dada por el equipo fujimorista.

Reseño esto porque otra es la posición adoptada por el partido que entró raspando a la segunda vuelta, pese a que, el mismo domingo 7 de junio, al anunciarse los resultados del conteo rápido, se resaltó que se trataba de un empate técnico entre los dos partidos participantes.

En efecto, Juntos por el Perú ha planteado durante la última semana pedidos de nulidad masivos, de más de 2200 mesas; ha acusado de inconducta a las autoridades consulares peruanas e incluso ha lamentado que se permita el derecho al voto de peruanos que residen en el exterior. Nada que ver con su entusiasta conformismo respecto de la primera vuelta.