Por Ismael Benavides F., publicado en Expreso

Los daños hechos al Perú por los gobiernos de izquierda, desde Ollanta Humala a la fecha han sido enormes. Empezando por la degradación del Estado y las instituciones, el desmedido aumento del gasto público en planillas inútiles, la incorporación al estado de gente incompetente por compromisos políticos o ideológicos, la abdicación del Estado de su rol primario que es servir a la población para dedicarse a servir a la burocracia, todo lo cual ha venido acompañado de una corrupción masiva que ha llevado a la población a colocar la corrupción en el segundo lugar de las encuestas. El daño en términos económicos ha sido enorme desde el 2011 a la fecha. El crecimiento de la economía se ha desacelerado para llegar a un promedio del 3% anual frente al promedio de 7 6% en el quinquenio 2006-2011, Solo cuantificarlos nos daría unas cifras astronómicas de pérdidas. De un superávit fiscal en el 2011 hemos llegado a déficits que superan el 3% del PBI hasta el 2025 y la deuda pública ha crecido de 18% del PBI en el 2011 a 33% actualmente. Las pérdidas de empleo, el aumento de la pobreza y la fuga de capitales son los resultados de estas últimas gestiones. Podría seguir con una letanía de tragedias que han acompañado al pueblo peruano en estos últimos 15 años, adormilado por los cantos de sirena de la izquierda.

La crisis de hoy no es la misma que heredó Alberto Fujimori en 1990, tiene otros impactos y otros resultados, pero es una crisis real. Bien ha hecho Keiko Fujimori en ratificar a Julio Velarde en el BCR para tranquilizar a la economía y diferenciarse de Roberto Sánchez que prometió despedirlo. También anunciar la prevención del Niño como prioridad inmediata por sus impactos económicos y sociales, y así mismo sumarse al Escudo de las Américas para combatir la delincuencia. Pero quedan muchos más problemas y herencias de los últimos 15 años que ella y su equipo deberán enfrentar, Algunos a corto plazo con señales potentes para la población, y otros a mediano plazo que requerirán más análisis y más respaldo político.

La presidenta tiene que continuar con algunas acciones en el corto plazo para reafirmar su credibilidad y diferenciarse de la izquierda, Además de armar un gabinete que inspire confianza a la población, debería dar otras señales claras que marquen diferencias con el pasado. En lo económico debería dar una amnistía para el regreso de los US$20 mil millones que fugaron entre el 2021 y el 2022 equivalente a más de 8% del PBI, y así dinamizar la economía. Además, debería dar incentivos para que regresen los buenos peruanos que tuvieron que salir del país en los últimos periodos de gobierno y que además votaron por ella. (Ninguno de estos temas tendría costo para el estado). Las recientes leyes del Congreso han maniatado la ejecución del gasto al próximo gobierno, por lo que deberá reestructurar el presupuesto para poder hacer nuevas obras o relanzar obras paralizadas de beneficio para la población. Destrabar proyectos para el sector privado y un anuncio de permisos inmediatos para proyectos de infraestructura y de minería, lo cual no requiere leyes, sería una gran señal. En lo social, empezar a cumplir con sus compromisos será importante, pero además deberá lanzar iniciativas que impacten en la vida de la gente, asegurar abastecimiento de medicinas en los hospitales, la digitalización de las citas médicas, la reparación de los servicios básicos en los colegios y la facilitación de trámites del día a día, desde la eliminación de licencias para los pequeños negocios hasta la obtención del DNI y otros documentos del día a día darán una sensación de cambio. Paliar el aumento del costo de vida también será un reto, eliminando trámites para la importación de productos básicos, y facilitando el transporte durante el Niño será vital para el bolsillo de la población.

Finalmente, la delincuencia y la corrupción, los dos temas que lideran las encuestas deben merecer acciones de inmediato. El anuncio de acciones en el frente policial y judicial son prioritarios, junto con la construcción de cárceles, además de algunas medidas de impacto en el control de las bandas, la extorsión y el sicariato. La Contraloría no ha podido con la corrupción en el estado, y el “control concurrente” es un fracaso que solo ha maniatado al estado sin controlar la corrupción. Las mejores prácticas apuntan a la creación de una unidad anticorrupción fuerte que reporte al Jefe de Estado, con la participación de la Contraloría, y bien haría la presidenta en anunciar este nuevo enfoque para el control de la corrupción.