Editorial de El Comercio

El fallecimiento de José Miguel Castro no debe enterrar la verdad que la exalcaldesa de Lima Susana Villarán debe enfrentar ante la justicia.

La muerte del aspirante a colaborador eficaz José Miguel Castro Gutiérrez el pasado domingo constituye una tragedia que plantea un desafío institucional que el sistema judicial peruano no puede permitirse perder. Su fallecimiento, a menos de tres meses del juicio contra Susana Villarán, no debe ser motivo alguno para obstaculizar un juicio largamente postergado.

Castro, quien fue gerente municipal durante la gestión de Villarán y aspirante a colaborador eficaz, representaba una pieza fundamental para esclarecer los millonarios aportes ilícitos de Odebrecht y OAS. Conocido en los registros internos de la empresa brasileña como ‘Budián’, era el principal intermediario entre las constructoras y la exalcaldesa para canalizar recursos destinados a la campaña contra la revocatoria del 2013 y la fallida reelección del 2014.

Su muerte elimina el testimonio directo que habría sido crucial para establecer responsabilidades penales. Sin embargo, la ausencia física de Castro no debe significar impunidad. El Código Procesal Penal contempla estas circunstancias excepcionales. Sus declaraciones previas y toda la documentación proporcionada durante su colaboración mantienen valor probatorio y deben incorporarse plenamente al juicio oral.

Es imperativo que el Ministerio Público asegure que todo lo declarado por Castro sea debidamente considerado por el tribunal. La información sobre cuentas bancarias en Andorra, mecanismos de lavado de activos y acuerdos ilícitos con las constructoras debe mantenerse como elemento central del proceso.

Este episodio debe servir como alerta definitiva sobre la urgencia de acelerar procesos judiciales en casos de gran corrupción. Han transcurrido seis años desde que Villarán confesó públicamente que recibió los aportes, y el juicio apenas comienza. Esta demora es el resultado de múltiples trabas, incluyendo una que aprovechó la Ley 32130 del Congreso, que beneficia sistemáticamente a procesados de alto perfil.

De igual manera, la protección de testigos y colaboradores eficaces debe convertirse en una prioridad absoluta. La muerte de Castro evidencia la vulnerabilidad de quienes cooperan con la justicia. Es fundamental, por ello, fortalecer protocolos de seguridad para los 500 testigos citados en el juicio contra Villarán.

El caso no debe de caerse, la confesión pública de Villarán, las evidencias documentales y el legado probatorio de Castro conforman un acervo que debería de traducirse en una sentencia. El juicio que se iniciará el 23 de setiembre no debe postergarse más. El fallecimiento del exgerente municipal debe ser el catalizador que acelere este proceso y demostrar así que la justicia no muere con los testigos.