Por María Isabel León, expresidenta de la Confiep
Publicado en El Comercio

El mundo parece sacudido por la nueva administración Trump. En esta agitación inusual, tenemos al novel Departamento de Eficiencia Gubernamental en Estados Unidos y al Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado en Argentina, tomando al toro por las astas y tratando de darle muerte a la burocracia. Mientras la nueva entidad estadounidense, liderada por el multimillonario Elon Musk, apuesta por la reorganización del aparato gubernamental y la reducción de presupuesto público de su país, poniendo el dedo en diversas “llagas”, el presidente Javier Milei en Argentina aplica su programa Cero Burocracia, con el que busca eliminar normas obsoletas, reducir carga burocrática que obstaculice la libre competencia, la actividad económica y beneficie al ciudadano.

El índice de burocracia 2024 elaborado por Adam Smith Center for Economic Freedom señala que el Perú desperdicia 591 horas al año en trámites (25 días) y ocupa la posición ocho de 11 países analizados. Además, el cálculo de ineficiencia del Estado en nuestro país equivale a más de S/16 mil millones al año, según el BCR, lo que representa una pérdida de alrededor de S/500 para cada peruano.

Según Indecopi, padecemos de dos tipos de barreras: las de “requerimientos” (pagos de tasas) y las de “impedimento” (plazos ilegales o prohibiciones absurdas). Y, mientras la recaudación crece cuatro veces cada año, la burocracia lo hace por diez y los servicios ofrecidos a la ciudadanía son cada vez peores. Ni la Ley del Servicio Civil promulgada en el 2013 ha logrado introducir meritocracia y racionalización en el servicio público. ¡Nada parece funcionar! Lo que nuestro país podría hacer de cara a la próxima elección presidencial, es ensayar medidas similares a las adoptadas por el gobierno republicano y desactivar rápida, decidida y ejemplarmente los cerros de normas irracionales e ilegales que afectan la vida de millones de ciudadanos y recortarla planilla pública hasta contar con el número suficiente de empleados estatales que se dediquen a cumplir sus funciones para real beneficio de la sociedad.