Por Carlos E. Gálvez Pinillos, expresidente de la SNMPE
Estando ad-portas de elecciones generales, todos hacen un despliegue de ofertas electorales; llegando incluso a plantear, “hacer cuestión de confianza” en la primera presentación del gabinete ante el Congreso, sobre propuestas de cambios legislativos, que les permita gobernar.
Así las cosas, bien vale preguntar:
¿Para qué necesitamos un Estado ycuál debería ser su rol y tamaño?
Pregunto, porque, a pesar de las expectativas generadas por la izquierda, los resultados de la aplicación de políticas socialistas, en el continente y en el Perú, han sido malas. El punto central es, si permitiremos que el sistema de precios oriente nuestro comportamiento. Si un precio es alto, está claro que tenemos espacio para producir más y, si aparece competencia, debemos mejorar nuestra oferta de calidad y precio. Fundamental, que cada quien sea responsable de sus decisiones y asuma las consecuencias de estas. El Estado no debe salvarnos ante malas decisiones.
Si queremos que el sistema de precios envíe las señales correctas al mercado y que nadie controle precios, ni distribuya privilegios; debemos tener un Estado pequeño, pero dinámico y fuerte.
La evidencia empírica demuestra que, los Estados socialistas tienen más empleados públicos y burocracia per cápita, que los países pro-mercado.
El caso extremo es Cuba, donde hay un burócrata por cada ocho ciudadanos y, ya sabemos cuál es el resultado. Las regulaciones excesivas son el origen de la corrupción y “cuanto menor es el botín, menor será la piratería”.
En esa línea, debemos reducir la cantidad de normas legales y reducir el aparato del Estado a la mitad de lo que tenemos. Debemos facilitar la inversión para producir, innovar, crear ideas y oportunidades de trabajo decente. Reducir la planilla del Estado, sus trabas y las sobre regulaciones, para crear valor para la sociedad.
Por ejemplo, ¿cómo es posible que, teniendo un parlamento de 130 congresistas, tengamos cerca de 5 mil trabajadores en su planilla? Ya hemos triplicado el presupuesto del congreso en los últimos cinco años y no mejoramos nada. Debemos establecer, que por cada ley que se quiera promulgar, deroguemos dos.
Por ninguna razón debe haber más de cinco empleados por congresista. Esto significaría, no más de 950 empleados en total, cuando tengamos senado.
El ejecutivo debe adecuarse, para atender seguridad, defensa, salud, educación, infraestructura, agua y saneamiento, relaciones internacionales, asuntos jurídicos laborales y penales, manejo económico-financiero y normatividad de sectores productivos. Por lo tanto, con nueve ministerios es suficiente.
No debe haber más de seis regiones, que trabajen alineadas con el gobierno nacional, conservar el número de gobiernos municipales provinciales existentes, quienes trabajarán en su provincia la ejecución del plan nacional y regionales. Sólo debe haber gerentes para los distritos, formados bajo el esquema centralizado de SERVIR y ejecutando los planes debidamente articulados a nivel nacional, regional y provincial. Sólo con esto nos ahorramos 1,900 consejos municipales distritales y regionales, así como la burocracia de esas dependencias.
Las nueve prioridades mencionadas, se deben atender siguiendo el principio de que, estas dependencias no ejecutan obra directa, que las adquisiciones de suministros y equipos se efectúan de manera centralizada y mediante compras globales. Que el desarrollo de proyectos se ejecute mediante contratos de paquetes de obras estandarizados, a ser ejecutados por el sector privado y, para ello debería usarse APP´s cofinanciadas o autosostenibles, OxI y eventualmente G2G.
Debemos acometer un cambio disruptivo en la educación, por lo que debemos abrir el sector educación al concurso de profesionales liberales y militares. Ellos enseñarían especialmente los cursos de ciencias, historia, geografía y educación cívica, poniendo énfasis en educación física e inglés, requisito básico para graduarse.
Para dar cobertura masiva y de calidad en salud, tendremos que hacer APPs del tipo “bata blanca”, empezando por el primer nivel de salud y preventivo. Transferir la conducción de ESSALUD a los aportantes, para que sea manejada con estándares de empresas prestadores de servicios de salud (EPS).
Para resolver en el plazo más corto el abastecimiento de agua potable y saneamiento, debemos privatizar el servicio de agua y alcantarillado a nivel regional, poniéndoles indicadores de cobertura territorial y de cumplimiento de estándares de cantidad y calidad de prestaciones, tanto como control de mermas no facturadas.
Para atraer inversión privada, debemos simplificar la obtención de permisos para la construcción de proyectos. Adoptar las mejores prácticas vigentes en el mundo, cumpliendo los plazos legalmente establecidos para dicho otorgamiento, bajo responsabilidad.
Para eliminar la anemia infantil, debemos atender la nutrición de la madre gestante y hacer seguimiento a la alimentación y control médico del niño, compensando económicamente a la madre, por cuidar a nuestro futuro ciudadano.
Se debe impulsar la educación escolar y técnica, para estimular el empleo juvenil. Establecer el vínculo del niño y su salud, con el control de su alimentación y seguimiento educativo hasta su graduación escolar, facilitando la educación técnica, con conexión a empresas que puedan contratarlo.
Estos planteamientos permitirían reducir el gasto público corriente, en más del 50% y, con esto dispondríamos de un total de US$50 mil millones anuales para inversión y reconstituir un fondo de reserva, hoy minimizado.
Reforma del sistema judicial, incorporando inteligencia artificial para procesos civiles y de alimentos, derivar a arbitraje los temas comerciales y cambiar el procedimiento procesal penal a un sistema más expeditivo.
¡Sólo un Estado pequeño, pero fuerte y dinámico, nos permitirá rescatar al Perú!
Fuente: CanalB
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