Por Augusto Cáceres Viñas, médico y gestor público

El intenso pleito entre los candidatos a la presidencia nos muestra —con escasas excepciones— una lucha descarnada por el poder entre personajes con poco conocimiento, sin liderazgo, carentes de ideas, de ideología y de carisma.

Su única preocupación es llegar al poder. Y, con las disculpas del francés, de lograrlo cualquiera de ellos solo terminaría por joder aún más al Perú.

Las patéticas presentaciones de la mayoría de candidatos en un debate, además, pésimamente diseñado, nos dejan con más dudas que certezas, con más interrogantes que respuestas y, sobre todo, con una profunda preocupación por el futuro inmediato del país si alguno de ellos accede al poder.

Las discusiones bizantinas —que harían estremecer a jacobinos y girondinos de la Francia revolucionaria del siglo XVIII— de las que hacen gala la mayoría de postulantes son el reflejo de una realidad ya inocultable. Lo superficial y estéril de sus discursos, sumado a la cantaleta casi cavernaria de que “gana” quien golpea más al rival, lo ridiculiza o lo ofende —abierta o soterradamente—, es una muestra del primitivismo político que desgarra al Perú desde hace, al menos, quince años.

¿Quién se atreve a hablar de las grandes reformas que el Perú necesita?

¿Quién plantea terminar con la estafa de la regionalización y reemplazarla por seis macroregiones transversales?

¿Quién propone una verdadera revolución meritocrática dentro del Estado para reformarlo desde adentro, no expulsando funcionarios, sino capacitándolos con rigor para convertir el servicio público en una élite profesional de primer nivel?

Porque ninguna reforma del Estado será posible si antes no contamos con servidores públicos competentes, íntegros y bien formados.

¿Cómo acometer reformas profundas con funcionarios sin capacidad ni integridad?

Es, simplemente, imposible.

¿Cómo reformar un sistema de salud si no se recupera primero su rectoría desde el gobierno nacional? Lo mismo ocurre con la educación y con la mayoría de competencias hoy dispersas en 25 gobiernos regionales que, en muchos casos, han contribuido al deterioro de ambos sectores, especialmente en las provincias.

¿Cómo devolver luego esas competencias a regiones reorganizadas y fortalecidas —en seis macroregiones— si no contamos con funcionarios capacitados, entrenados y con solvencia técnica y moral?

Imposible.

Lo que necesita el Perú son reformas de segundo piso: aquellas que mejoran el funcionamiento del Estado, elevan la calidad de los servicios públicos (educación, salud, justicia), incrementan la productividad, reducen la informalidad y fortalecen la seguridad jurídica, permitiendo sostener tasas de crecimiento del 6% al 8%.

¿Cuántos funcionarios se necesitan para iniciar ese proceso?

Alrededor de 600. Pero no cualquier 600: los mejores del país.

El principal cuello de botella no es solo cuantitativo, sino cualitativo: falta voluntad política para romper inercias —sindicatos, intereses regionales, clientelismo y mediocridad instalada—.

Los países que lograron transformaciones profundas —Singapur, Estonia, Nueva Zelanda o incluso Chile en momentos clave— apostaron por un núcleo reducido de excelencia, altamente capacitado y empoderado para ejecutar reformas.

La voluntad política es el punto de partida.

Más allá de la retórica de campaña, está la realidad.

Quienes hoy plantean cambiar la Constitución para deshacer lo que funciona y retornar a esquemas fracasados —estatismo, velasquismo, inflación y pobreza— difícilmente impulsarán estas reformas. Buscan más Estado, sí, pero no un Estado eficiente, sino uno capturado, funcional a sus intereses, a sus redes y a sus privilegios.

No quieren un mejor Estado. Quieren un Estado a su medida.

Por otro lado, quienes plantean reducir el Estado tampoco muestran —en muchos casos— un compromiso real con construir uno mejor. Achicarlo sin fortalecerlo es abandonarlo a un mercado imperfecto, atravesado por mercantilismo, monopolios y distorsiones.

Olvidan que el Perú tiene cerca de 12 millones de pobres.

Ni estatismo ni capitalismo salvaje.

El camino es claro: tanta empresa privada como sea posible y tanto Estado como sea necesario.

Pero un Estado moderno, meritocrático, eficiente y orientado al bien común. Un Estado que sea aliado del emprendimiento, socio del desarrollo, regulador inteligente —que no estrangule— y acompañante activo de ciudadanos y empresas, especialmente de las pequeñas y medianas.

Para ello necesitamos funcionarios que no solo entiendan su rol, sino que lo sientan. Que encuentren en el servicio público una vocación, no una oportunidad.

¿Está alguno de los candidatos mostrando que esa es su visión?

La verdad es que no.

Y esa es la tragedia.

Nos tocará elegir pronto. Y quizás, como advertía Maquiavelo, la sabiduría consista en reconocer la naturaleza del problema y optar por el mal menor.

Con pesar —porque aspirábamos a un gran gobierno— solo queda pedir que tengamos la lucidez suficiente para elegir al menos malo.