Por Javier Díaz Orihuela, exsenador de la República

Mientras escucho el hermoso “Canto Coral”, compuesto por mi hermano Jaime, interpretado por el afamado coro “Musical Arts Indiana” de EE. UU., escribo este artículo sobre la aquiescencia de un séptimo retiro de los fondos de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP).

Sin duda, otro despropósito del actual Congreso ya que con la aprobación de esta medida la gran mayoría de los afiliados percibirán descapitalizarse cada vez más hasta quedarse sin reservas previsionales.

Con los depósitos del sistema vigente de pensiones, las AFP adquirieron con el tiempo bonos soberanos del Estado así como acciones de las más importantes empresas. También aportaron financiamiento para proyectos público-privados de alto impacto social. Igualmente, destinaron porcentajes de capital para ser colocados en el mercado de capitales del exterior. Es que los réditos eran atractivos.

Así las AFP mudaron de la nada a convertirse en un sector financiero muy prestigiado en nuestro país, especialmente en el exterior. En este ámbito, Perú mostraba músculo capitalista y potencial macroeconómico, lo que generaba imagen positiva y confianza entre los inversionistas. Gracias a estos factores la masa ahorrada en el sistema previsional llegó a superar los 50 mil millones de dólares y con dividendos de alrededor de 9% anual en beneficio de los afiliados.

Empero los sucesivos retiros lo redujeron a US$ 33,000 millones. El séptimo retiro, motivo de este artículo, será de alrededor de US$ 9,000 millones. Finalmente, el saldo de los aportantes quedará en US$ 24,000 millones. Con esta cifra se reduce sustancialmente la capacidad de las AFP de reinvertir en el desarrollo del país.

Además, no solo se genera un efecto negativo en captar los intereses para los pensionistas, sino que, adicionalmente, el sistema estará obligado a vender activos fijos para retirar US$ 9,000 millones.

Normalmente, los intereses que gana el aportante se generan a lo largo de los años, pero cuando se producen retiros masivos e intempestivos, las cosas se complican. Por otro lado, me pregunto si la última ley beneficia a los trabajadores más necesitados, y si así podrán financiar problemas gravitantes. Pero, las estadísticas señalan que del total de la PEA el 10% se ubica en extrema pobreza, el 70% dentro de la informalidad y apenas el restante 20% son trabajadores mejor ubicados laboralmente y en las entidades previsionales.

La realidad es que los depositantes con mejor posición son los que quedan después de seis retiros (poseen masa ahorrada y no necesitan de liquidez). Sin embargo, existe el riesgo de que procederán a retirar sus fondos porque el prestigio del sistema previsional se desploma. Esto gracias a un Congreso que destruye instituciones en vez de fortalecerlas.

En suma, la realidad pinta un porvenir trágico: miles de trabajadores quedarán sin recursos para sus jubilaciones, y como el Estado no permitirá el empobrecimiento social no tendrá otra opción que incorporarlos a las cuentas pasivas del tesoro público, lo que implica no invertir en infraestructura y en servicios públicos de calidad.