Por César Campos R., publicado en Expreso

Vivimos un escenario político paradójico y surrealista. Mientras avanza el recuento de votos de actas observadas - a través de audiencias publicas llevadas a cabo por los jurados electorales especiales - también toma prisa la investigación fiscal de los hechos irregulares que culminaron con el desastre de las elecciones generales del pasado 12 de abril. Y dicha investigación aumenta las sombras respecto al proceder de diversos funcionarios de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), desde la cabeza hasta las extremidades operativas.

Ya no cabe duda alguna que el mayor peso de la responsabilidad de lo ocurrido ese fatídico domingo - intencional o negligentemente, no tardará en dilucidarse - cae de manera directa sobre Piero Corvetto y allegados, incluyendo a quien lo ha reemplazado en el cargo, el señor Bernardo Pachas. Algo menos la tiene el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) pero no como para eximirse del zafarrancho. 

El asunto de fondo es que sí ha existido la vulneración de la voluntad popular retrasando la instalación de las mesas de sufragio hasta llegar, en casos puntuales, a que no se logre tal propósito. Más de 50 mil compatriotas se vieron impedidos de votar. El encadenamiento de las decisiones determinará dónde estuvo el centro neurálgico más grave pero es irreversible que la ONPE almacena ítems presuntamente dolosos los cuales han llevado al poder judicial a admitir la solicitud fiscal de impedimento de salida del país de Corvetto y otros seis funcionarios. Todo huele fétido en la institución llamada a organizar limpiamente los comicios.

Aún con todo esto, no es posible a la fecha concluir que se cumple el tipo penal del fraude. La legislación lo ata a procedimientos expresos y dentro de ellos no hay uno que contemple la causa-efecto de actos corruptos mediante los cuales se arriba a lo mismo: ponerle trabas al libre ejercicio de la votación.

Ese vacío es aprovechado por una pequeña legión de ayayeros de Corvetto y adjuntos que llegan a sustentar - sin ruborizarse por tal disparate - que es víctima de una aplanadora politica-mediática-judicial. Curioso argumento que más bien llega a graficar el viejo imperio de Gustavo Gorriti, hoy venido a menos y con sus operadores distribuidos sin careta alguna en el partido Juntos por el Perú de Roberto Sánchez como el ex fiscal José Domingo Pérez (ahora abogado del golpista Pedro Castillo Terrones) o el ex procurador Julio Arbizu (ahora abogado de Corvetto). Todas las piezas encajan.

La auditoría internacional a los sistemas de la ONPE pedida por un conjunto de gremios empresariales constituye una aspiración razonable, siempre y cuando sea capaz de realizarse con exigencia y prontitud. De no llegar a materializarse siempre quedará la duda sobre la legitimidad de la segunda vuelta y sus resultados.

No tenemos un punto medio que satisfaga a las partes enconadas por el cúmulo de barbaridades ejecutadas por el sistema electoral. Todo hace augurar que vienen meses de enfrentamientos y algaradas callejeras con pronóstico reservado.