Por Luis García Miró Elguera, publicado en Expreso

El miserable Martín Vizcarra enfrenta una nueva denuncia constitucional presentada por la Fiscalía de la Nación. Esta vez se le acusa, junto con sus exministros María Antonieta Alva y Víctor Zamora, de presunta colusión agravada en la compra de 1.4 millones de pruebas rápidas de COVID-19. Según la denuncia, las adquisiciones habrían favorecido de manera clara a dos empresas privadas, violando principios de transparencia y libre competencia. Ojo que falta dilucidar las estafas perpetradas alrededor de las vacunas chinas Sinopharm, la compra a destiempo de plantas para elaborar oxígeno, camas UCI, etc.

Evidentemente este mal sujeto arrastra otros procesos judiciales por actos de corrupción cometidos durante su gestión como gobernador regional de Moquegua, ministro, asimismo como presidente de la República. Pero en esta ocasión, la denuncia constitucional viene directamente de la Fiscalía de la Nación, imputándolo —repetimos— con sus exministros María Antonieta Alva y Víctor Zamora (¿por qué no a la exministra de Salud, Mazzetti? ¿Acaso por ser caviar?) por presunta colusión agravada en la compra de millones de pruebas rápidas de COVID-19 durante los primeros días de aquella pandemia. Según la Fiscalía, se habrían favorecido irregularmente dos empresas privadas. Esto se suma a otros procesos que tiene Vizcarra por actos de corrupción, presuntamente cometidos siendo ministro, presidente y gobernador moqueguano.

Actualmente Vizcarra también enfrenta otra denuncia complicada que afecta directamente su capacidad para participar en las elecciones generales de 2026. Tanto así que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) lo excluyó del padrón de afiliados presentado por su partido político, Perú Primero, por las inhabilitaciones que le impuso el Congreso en 2021 y 2025. Ambas suman 10 años, prohibiéndole ejercer tanto cargos públicos como participar en cualquier actividad política.

Igual que el caso anterior —que sigue siendo evaluado por el JNE—, Vizcarra igualmente ha enviado esta denuncia a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pretendiendo revertir tales sanciones.

Los tres casos constituyen hechos incontrastables que demuestran el espíritu tramposo, ladino, perverso, taimado de este sujeto, que tiene el cuajo de insistir en presentarse como candidato a la presidencia, consciente de su naturaleza cleptómana, inhumana y malévola, demostrada a lo largo del tiempo que ha ocupado cargos públicos. ¡Sujetos como Vizcarra no deben aparecer nunca más en el horizonte del servicio público! Su destino es, solo, la cárcel. Aunque pretenda esquivar valiéndose de las influencias que mantiene en los tres poderes del Estado, debido a que sembró en ellos la semilla de su inmoralidad, colocando a cientos —o miles— de tragasables prohijados por él, como agradecidos mercenarios listos a servir a su patrón.

Vizcarra debe ser imputado y sus procesos judiciales necesitan empezar en el término de la distancia, para evitar que nuevos malandrines se enquisten en el mando del Perú. Ya suficiente corrupción ha soportado nuestra patria para que, encima, tengamos nuevamente instalado en el poder a otra gallina que continuará comiendo huevo, aunque le quemen el pico.

La Fiscal de la Nación debe dejarse de corruptelas y plantar cara, demandando que el Poder Judicial abra inmediata instrucción contra Martín Vizcarra Cornejo.