El gobierno del presidente José María Balcázar destinó millones de soles del fondo de contingencia del Ministerio de Economía y Finanzas a obras y gastos en distintas entidades públicas, principalmente en Cajamarca y Lambayeque. La asignación de recursos generó cuestionamientos debido a que dicho fondo está destinado principalmente para atender situaciones de emergencia.

A través de decretos supremos, el Ejecutivo aprobó transferencias para diversas regiones. Entre ellas figura el Decreto Supremo 079-2026, mediante el cual se autorizaron S/ 15 millones para trabajos de mantenimiento de vías en el distrito de Chiclayo, en Lambayeque. Asimismo, mediante el Decreto Supremo 070-2026 se aprobó financiamiento para reactivación económica en varias regiones, aunque Cajamarca recibió S/ 40 millones, cifra superior a la entregada a otras jurisdicciones.

Las decisiones del Ejecutivo generaron críticas debido a los riesgos asociados a un eventual Fenómeno del Niño de gran intensidad previsto para los próximos meses. El economista Jorge González Izquierdo advirtió que, de no existir recursos suficientes, el Estado podría verse obligado a elevar el endeudamiento público o reducir otros gastos para afrontar una posible emergencia climática.

Por su parte, el economista Alejandro Indacochea sostuvo que el país debería priorizar medidas preventivas como limpieza de drenajes, mantenimiento de carreteras y acciones para evitar inundaciones y plagas. Según indicó, diversos organismos internacionales han alertado sobre la probabilidad de un Fenómeno del Niño severo hacia finales de año.

Las transferencias también alcanzaron a organismos vinculados al sistema electoral y otras instituciones públicas. El Jurado Nacional de Elecciones solicitó S/ 231 millones para gastos relacionados con procesos electorales, mientras que la Oficina Nacional de Procesos Electorales requirió S/ 588 millones adicionales. Asimismo, se aprobó un financiamiento de S/ 655 millones para la Caja de Pensiones Militar Policial.

Otras entidades también gestionaron recursos extraordinarios ante el Ejecutivo. El Tribunal Constitucional pidió S/ 6 millones para cubrir pagos a su personal, mientras que la Defensoría del Pueblo solicitó S/ 7 millones para labores de supervisión electoral. Las transferencias y el uso del fondo de contingencia han generado debate político y económico sobre las prioridades del gasto público en medio de advertencias climáticas y restricciones fiscales.