Un grupo de destacadas figuras políticas y académicas del Perú expresó su respaldo al proyecto de ley que busca ampliar las funciones de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI) para fiscalizar a las organizaciones no gubernamentales (ONG) que reciben fondos del extranjero.

Además, manifestaron su rechazo a las presiones ejercidas por representantes de gobiernos y entidades extranjeras contra esta iniciativa legislativa.

El pronunciamiento, firmado por más de 50 personalidades, subraya la importancia de que el Congreso cumpla con sus funciones constitucionales sin ceder ante injerencias externas. Entre las principales preocupaciones planteadas se encuentra la intervención de senadores estadounidenses como Ben Cardin y Tim Kaine, quienes calificaron el proyecto como una supuesta traición a las tradiciones democráticas del Perú.

Los firmantes señalaron que las presiones internacionales vulneran principios fundamentales del derecho internacional, citando el artículo 41.1 de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas y diversas resoluciones de la ONU y la OEA que prohíben la intromisión en los asuntos internos de otros Estados.

“La soberanía nacional no se negocia”, enfatiza el documento, que también exhorta al Parlamento peruano a aprobar el proyecto para garantizar mayor transparencia en el uso de recursos provenientes del exterior.

El proyecto busca subsanar vacíos legales en la supervisión de las ONG y asegurar que aquellas que reciban financiamiento extranjero estén registradas y sujetas a una estricta fiscalización por parte de la APCI. Esto, según los promotores, permitirá evitar posibles interferencias en la política interna del país y garantizar un manejo transparente de los recursos.

Entre los firmantes se encuentran exdiplomáticos, juristas, excongresistas, académicos y figuras de distintos sectores políticos, como Lourdes Alcorta, Jorge del Castillo, Ántero Flores-Aráoz, y el congresista Jorge Montoya, entre otros.

El llamado colectivo subraya la importancia de fortalecer la institucionalidad y proteger la soberanía nacional frente a cualquier tipo de presión extranjera, reafirmando la independencia del Perú en sus decisiones internas.