Con 9 votos a favor y solo 1 en contra, la Comisión de Ética del Congreso aprobó por mayoría iniciar una investigación de oficio contra la congresista María Agüero Gutiérrez, de Perú Libre, por el presunto recorte de remuneraciones a sus trabajadores, una práctica conocida como “mochasueldos”. Esta decisión fue tomada tras la difusión de un informe del programa Punto Final, que reveló que la legisladora habría solicitado el 10% del salario de sus empleados.

El informe presentó pruebas que involucran al exasesor de Agüero, César de la Cruz, quien presuntamente recibió S/27.150 en transferencias bancarias de César Flores Valencia, coordinador parlamentario de Agüero en Arequipa. Este dinero habría sido recaudado de manera obligatoria por los trabajadores bajo las órdenes de la legisladora.

A pesar de las pruebas presentadas, María Agüero ha negado cualquier implicación en el esquema de recorte de sueldos. "A mí no llega nada", declaró la congresista, defendiendo su inocencia en medio del creciente escándalo que ha generado indignación tanto en el Congreso como en la opinión pública.

La situación ha escalado en Arequipa, ciudad natal de Agüero, donde fue declarada persona non grata tras las acusaciones. En un incidente ocurrido recientemente, la congresista fue atacada por manifestantes que le lanzaron huevos al salir de un colegio en la región. Este hecho refleja el descontento generalizado hacia la legisladora, que ha visto cómo su reputación se deteriora rápidamente.

El caso de María Agüero es solo uno de los muchos que involucran a legisladores en prácticas cuestionables. La lista de congresistas bajo investigación por presunto "mochasueldos" incluye nombres como Rosío Torres, Magaly Ruiz, y Alejandro Soto, entre otros. La Comisión de Ética ha intensificado sus esfuerzos para abordar estos casos, buscando mantener la integridad del Congreso en medio de la creciente desconfianza pública.

El proceso contra María Agüero será seguido de cerca, ya que representa un nuevo capítulo en el intento del Congreso de erradicar las malas prácticas entre sus miembros y recuperar la confianza de los ciudadanos.