La Comisión Permanente del Congreso aprobó la inhabilitación por 10 años para el ejercicio de la función pública del exministro del Interior, Rubén Vargas Céspedes, tras hallarlo responsable de infringir los artículos 45, 139 (inciso 3) y 172 de la Constitución.

Con 20 votos a favor, 3 en contra y 1 abstención, el Parlamento también decidió levantar su fuero, lo que permitirá al Ministerio Público proceder con una investigación y eventual acusación.

El informe final que sustentó la decisión del Congreso señala que Vargas incurrió en abuso de autoridad al haber dispuesto el pase al retiro de 19 altos oficiales de la Policía Nacional en 2020, durante el gobierno de Francisco Sagasti. La medida afectó a tres tenientes generales y 16 generales, lo que, según la acusación, vulneró la normativa constitucional vigente.

Tras la votación, Vargas se pronunció a través de sus redes sociales y sostuvo que la decisión es política, asegurando que la remoción de generales de la PNP fue una medida constitucional y legal. "Aún queda camino por andar", escribió en su cuenta de X.

Con esta resolución, el Ministerio Público podrá continuar con las diligencias correspondientes y, de encontrarse mérito, presentar una acusación formal contra el exministro.