El congresista Alejandro Muñante, de Renovación Popular, presentó un proyecto de ley que busca incrementar el financiamiento privado de las organizaciones políticas. La iniciativa, registrada como proyecto 9432/2024-CR, propone modificar varios artículos de la Ley de Organizaciones Políticas (Ley 28094) para permitir mayores aportes a los partidos y candidatos, tanto de personas naturales como jurídicas.

Muñante plantea que los partidos puedan recibir aportes de hasta 200 Unidades Impositivas Tributarias (UIT) anuales por persona, en lugar de las 120 UIT permitidas actualmente. Además, una persona podría donar hasta 500 UIT al año en total, sin importar el número de organizaciones políticas que apoye. Las capacitaciones también podrían financiarse sin este límite, siempre que sean pagadas a entidades educativas que ofrezcan formación a miembros de al menos tres organizaciones políticas.

La iniciativa también establece límites para donaciones de personas jurídicas, que podrán aportar hasta el 10% de sus ingresos anuales o un máximo de 200 UIT, siempre que estén domiciliadas en el Perú. Por otro lado, los partidos podrán realizar actividades proselitistas para recaudar fondos, siempre que los aportantes y montos sean informados a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

En el caso de candidatos a elecciones congresales, regionales y municipales, el proyecto establece un límite de 50 UIT por aportante. Cualquier donación que supere el 25% de una UIT deberá realizarse a través de instituciones del sistema financiero para asegurar la transparencia y rastreo de los fondos.

El proyecto también detalla que las organizaciones políticas no podrán recibir aportes de entidades estatales, personas con antecedentes penales o involucradas en actividades ilícitas, ni de fuentes extranjeras, salvo para fines de formación o capacitación. En caso de incumplimiento, los responsables de los fondos podrían ser inhabilitados por la ONPE hasta por diez años.

Este proyecto de ley busca reforzar la supervisión de los fondos privados y fortalecer la transparencia en el financiamiento de las campañas políticas.