Política

Congresistas presentan denuncia constitucional contra Junta de Fiscales Supremos por abuso de autoridad

Publicado el 24 de octubre de 2024

Los congresistas José Cueto (Honor y Democracia), Fernando Rospigliosi (Fuerza Popular) y Alfredo Azurín (Somos Perú) han presentado una denuncia constitucional contra los fiscales supremos Juan Carlos Villena, Zoraida Ávalos, Pablo Sánchez y Delia Espinoza, acusándolos de abuso de autoridad y prevaricato.

 

La denuncia se basa en la supuesta negativa de los fiscales a acatar la ley que devuelve a la Policía Nacional del Perú (PNP) las facultades de dirigir las investigaciones preliminares.

 

La denuncia fue ingresada a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) del Congreso, presidida por María Acuña (Alianza Para el Progreso), y alega que los fiscales supremos infringieron la Constitución al emitir un reglamento que contraría la norma aprobada por el Parlamento. Esta ley, promulgada el 14 de octubre, devuelve a la PNP la responsabilidad en la dirección de las investigaciones preliminares, desplazando así al Ministerio Público de este rol.

 

En su intervención, Cueto y sus colegas señalaron que la publicación del reglamento es una afrenta a la decisión del Congreso. "Denunciamos a los fiscales Villena, Sánchez, Ávalos y Espinoza por abuso de autoridad, prevaricato y falsedad genérica por negarse a acatar la ley", expresó Rospigliosi en sus redes sociales.

 

Por su parte, el Ministerio Público defendió su postura argumentando que la norma que devuelve las facultades a la PNP está bajo análisis del Tribunal Constitucional (TC). Según el comunicado emitido por la Fiscalía, el reglamento es una medida temporal mientras el TC se pronuncia sobre las demandas de inconstitucionalidad que pesan sobre varios decretos legislativos relacionados.

 

El fiscal supremo Juan Carlos Villena reafirmó que el Ministerio Público está esperando el fallo del TC antes de implementar cambios significativos, subrayando que la investigación de delitos debe estar bajo la dirección de los fiscales para garantizar su legalidad.

 

Este conflicto pone nuevamente en el centro del debate la relación entre el Congreso y las instituciones judiciales, así como el equilibrio de poderes en el marco del Estado de derecho.

 

 

 

 

Fuente: CanalB

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