La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso decidió admitir a trámite la denuncia presentada contra la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, y otros tres fiscales supremos por no acatar la restitución de Patricia Benavides en el Ministerio Público. En paralelo, rechazó procesar a los seis integrantes de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) que firmaron el acta de reposición de Benavides.

El informe sobre la JNJ había sido impulsado por los congresistas Elías Varas y Alex Paredes, quienes alegaban que dicho órgano se excedió en sus atribuciones y cometió avocamiento indebido al restituir a Benavides pese a una acción de amparo en curso. Sin embargo, el informe que proponía procesarlos por infracción al artículo 38 de la Constitución fue rechazado con ocho votos en contra, cuatro a favor y cinco abstenciones.

También fue archivada una denuncia adicional, planteada por Alfredo Pariona, únicamente contra el presidente de la JNJ, Gino Ríos, al no encontrarse méritos suficientes. La mayoría de la subcomisión votó a favor de no continuar con este procedimiento, cerrando el camino a nuevas investigaciones en este caso.

En contraste, la acusación contra Espinoza y los fiscales Pablo Sánchez, Juan Carlos Villena y Zoraida Ávalos fue admitida por mayoría. Se les imputa infracción constitucional y presunta resistencia y desobediencia a la autoridad, por no haber facilitado el regreso de Benavides al cargo de fiscal de la Nación tras la resolución emitida por la JNJ. Los cargos de usurpación de funciones fueron descartados.

Este resultado marca un nuevo capítulo en la disputa institucional en torno a la Fiscalía de la Nación, con el Congreso tomando posición sobre las decisiones recientes de los órganos de justicia. Ahora, el proceso continuará en la Comisión Permanente y podría llegar al Pleno para una eventual decisión final.