El Pleno del Congreso aprobó el proyecto de ley que refuerza la lucha contra la extorsión y el sicariato en las empresas de transporte público, iniciativa presentada por el presidente José Jerí Oré. La norma forma parte de las medidas adoptadas en el marco del estado de emergencia para enfrentar el crimen organizado y fortalecer la seguridad ciudadana en Lima y Callao.

La propuesta legislativa, elaborada en coordinación con los ministerios del Interior, Justicia y Transportes, así como con la Fiscalía de la Nación, busca aplicar acciones extraordinarias de prevención, respuesta e inteligencia para desarticular redes criminales que operan en el sector transporte. El texto incluye mecanismos de control financiero, certificación de rutas seguras, capacitación en autoprotección, y supervisión de pagos irregulares que encubran extorsiones.

Durante la sesión, la mayoría de bancadas respaldó el dictamen, destacando la urgencia de dotar al Estado de herramientas más efectivas frente a la violencia en las calles. Sin embargo, las congresistas Susel Paredes y Ruth Luque votaron en contra del proyecto en ambas votaciones, al igual que cuando se debatió la declaración del Tren de Aragua como organización criminal. Su postura generó críticas entre los legisladores que consideraron su voto como un desacierto frente al avance del crimen.

El ministro del Interior, Vicente Tiburcio, y el titular de Justicia, Walter Martínez, sustentaron la iniciativa ante el Pleno, subrayando que se trata de una norma transitoria que fortalecerá la coordinación entre la Policía Nacional, el Ministerio Público y el Poder Judicial. “El crimen organizado ha tomado control de parte del transporte público y necesitamos reaccionar con firmeza”, enfatizó Tiburcio durante el debate.

El proyecto también recibió aportes técnicos del Ministerio de Economía y Finanzas y de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, con el objetivo de implementar un control financiero sobre cuentas vinculadas a cobros extorsivos conocidos como “cupos” o “vacunas”. Asimismo, se prevé la creación de un sistema de monitoreo y certificación de rutas seguras para los transportistas que cumplan las normas.

Con la aprobación definitiva de esta ley, el Congreso busca reducir los delitos de extorsión y sicariato que han cobrado la vida de más de un centenar de transportistas en lo que va del año. La norma fue enviada al Ejecutivo para su promulgación inmediata y forma parte del paquete de medidas impulsadas por el Gobierno para recuperar el control del orden interno en las zonas más afectadas por el crimen.