El Congreso de la República ha dado un paso firme en el control migratorio al aprobar una nueva ley que ordena la expulsión inmediata de extranjeros que se nieguen a identificarse correctamente ante las autoridades peruanas. La medida, promovida como parte de un esfuerzo para reforzar la seguridad ciudadana, busca responder al aumento de delitos en los que han estado involucradas personas indocumentadas.

Según los legisladores que impulsaron la normativa, el objetivo principal es endurecer los controles migratorios y garantizar un manejo más eficiente de las fronteras y los espacios públicos. La ley faculta a las autoridades migratorias y de seguridad a llevar a cabo operativos de identificación en zonas estratégicas, asegurando que quienes no puedan justificar su permanencia en el país sean expulsados de manera inmediata.

“El Perú necesita medidas contundentes para proteger a sus ciudadanos. Esta ley responde al clamor de la población por mayor seguridad y control frente a los riesgos que plantea la migración irregular”, señalaron desde el Congreso.

Aunque la iniciativa ha sido bien recibida por algunos sectores, organizaciones defensoras de derechos humanos han expresado su preocupación sobre posibles abusos o discriminación derivados de su aplicación.

“Es fundamental que esta ley se implemente con respeto a los derechos fundamentales, sin caer en prácticas que estigmaticen o discriminen a ciertos grupos”, subrayó una representante de estas organizaciones.

En respuesta, los promotores de la norma aseguraron que esta incluye disposiciones específicas para evitar arbitrariedades, como la obligación de que los operativos se realicen bajo protocolos claros y con supervisión adecuada.

Esta legislación forma parte de un paquete de medidas debatidas por el Congreso para hacer frente a la creciente criminalidad y fortalecer el sistema migratorio del país. Entre las propuestas en discusión se encuentran mayores sanciones para delitos cometidos por extranjeros y nuevos incentivos para que la policía refuerce los controles en sus días de franco y vacaciones.

Con la aprobación de esta ley, el gobierno espera enviar un mensaje claro sobre su compromiso de garantizar la seguridad ciudadana y mantener un control riguroso sobre la migración irregular. Sin embargo, queda por ver cómo será su implementación y el impacto que tendrá en la convivencia social en el país.