El Congreso aprobó la reforma que restringe la capacidad de fiscales y jueces para solicitar y dictar detención preliminar, limitándola exclusivamente a casos de flagrancia. Esto elimina la posibilidad de aplicar detenciones en situaciones donde existan indicios de delito y riesgo de fuga o de obstaculización de la justicia, siempre que no se trate de un delito en curso.

La nueva disposición, que fue aprobada el pasado 6 de noviembre bajo el argumento de fortalecer la presunción de inocencia y proteger a los policías, incluye una cláusula que deroga el inciso ‘a’ del artículo 261 del Código Procesal Penal. Dicho inciso permitía a los jueces ordenar la detención preliminar ante sospechas razonables y cuando existía peligro de fuga.

Esta medida, ahora derogada, ha sido fundamental en investigaciones complejas, como los casos de "Los Galácticos del Fútbol" y "Los Waykis en la Sombra", que involucran redes de corrupción y crimen organizado.

Varios congresistas impulsaron esta reforma, entre ellos Waldemar Cerrón, quien es investigado por organización criminal. Cerrón había propuesto previamente eliminar la detención preliminar en casos donde no haya flagrancia, argumentando que esta medida se presta a abusos y presiones indebidas. Su hermano, el líder de Perú Libre Vladimir Cerrón, también criticó esta figura, calificándola de “tortura psicológica”.

La decisión de derogar esta disposición ha generado preocupación en el ámbito judicial y entre algunos juristas, quienes consideran que limitar la detención preliminar dificulta el trabajo de la Fiscalía en casos de corrupción, crimen organizado y otros delitos graves que requieren actuaciones preventivas para evitar la obstrucción de justicia. Según críticos, la ley podría beneficiar a investigados que, sin el recurso de la detención preliminar, podrían eludir la acción de la justicia.

Mientras tanto, se han expresado opiniones a favor de una reforma de esta figura para prevenir abusos, tal como se discutió en una mesa de trabajo liderada por el congresista Alejandro Muñante, donde expertos coincidieron en la necesidad de una revisión de la detención preliminar. Sin embargo, algunos advierten que esta limitación podría representar un retroceso en la lucha contra la corrupción y el crimen en el país.