Con 14 votos a favor, 8 en contra y 2 abstenciones, la Comisión Permanente del Congreso aprobó en segunda votación el texto sustitutorio que modifica la Ley 28094, Ley de Organizaciones Políticas, para restituir el financiamiento privado a los partidos políticos.

La medida fue sustentada como parte de un paquete de reformas electorales necesarias para garantizar la transparencia y el pluralismo en las elecciones de 2026, según explicó Fernando Rospigliosi Capurro, presidente de la Comisión de Constitución y Reglamento.

Rospigliosi destacó las ventajas de la iniciativa, como el fortalecimiento del pluralismo y la competencia democrática, al permitir que las fuerzas políticas accedan a recursos privados adicionales al financiamiento público. Subrayó que esto diversificará las fuentes de ingresos de los partidos y fomentará la participación activa de la sociedad civil y el sector privado, promoviendo un vínculo más estrecho con proyectos relevantes para el desarrollo del país.

El dictamen también incluye estrictos mecanismos de transparencia y rendición de cuentas para prevenir la influencia indebida de intereses particulares sobre la agenda pública. Según Rospigliosi, estas medidas reforzarán la confianza ciudadana en las instituciones políticas y garantizarán que los recursos privados no se utilicen para corrupción o clientelismo.

La propuesta establece límites claros para el financiamiento privado. Según el artículo 30, las organizaciones políticas podrán recibir aportes de personas naturales y jurídicas nacionales, hasta un máximo de 200 unidades impositivas tributarias (UIT) por aportante al año. Además, ningún aportante podrá superar las 500 UIT anuales en total, independientemente de la cantidad de organizaciones políticas a las que contribuya.

Un aspecto innovador es la introducción de medios alternativos para recibir aportes, como billeteras electrónicas, cuya regulación será implementada por la ONPE en coordinación con la SBS en un plazo de 60 días. Estas disposiciones buscan garantizar la transparencia y trazabilidad de las transacciones.

Finalmente, la norma otorga un plazo de 30 días para que los órganos electorales emitan los reglamentos necesarios para realizar las elecciones primarias, asegurando claridad en las reglas y seguridad jurídica en el proceso electoral.

La reconsideración presentada por la congresista Ruth Luque Ibarra para revisar esta segunda votación fue rechazada con 17 votos en contra, 5 a favor y 3 abstenciones, consolidando así la aprobación de la reforma.