Política

Congreso aprueba tipificar los préstamos ‘gota a gota’ como delito de extorsión

Publicado el 08 de noviembre de 2024

En un esfuerzo por reforzar la seguridad ciudadana, el Congreso de la República aprobó este jueves una modificación al Código Penal que incluye los préstamos conocidos como ‘gota a gota’ dentro del delito de extorsión.

 

La iniciativa recibió 105 votos a favor y fue exonerada de una segunda votación, lo cual acelerará su implementación.

 

El dictamen modifica el artículo 200 del Código Penal, penalizando a quienes, a través de violencia o amenazas, obliguen a una persona a aceptar condiciones financieras abusivas. Las penas para estos casos se establecerán entre 15 y 25 años de prisión, buscando proteger a sectores vulnerables que suelen ser blanco de este tipo de préstamos informales, como comerciantes y familias de bajos ingresos.

 

Durante la presentación de la propuesta, Isaac Mita Alanoca, presidente de la Comisión de Justicia, subrayó que el ‘gota a gota’ representa una modalidad de extorsión que afecta a pequeños negocios, amas de casa y estudiantes, quienes acceden a estos préstamos bajo presión y a tasas exorbitantes. “Esta ley brindará protección legal a la población vulnerable y disuadirá a los prestamistas que operan al margen de la ley”, indicó Mita.

 

El proyecto se basa en 10 propuestas legislativas, entre ellas la de la congresista Patricia Juárez, quien destacó que la norma fortalecerá las herramientas para combatir estas redes criminales. “La usura y extorsión que implican estos préstamos afectan la estabilidad económica de miles de familias y pequeños negocios, y requieren sanciones severas”, afirmó.

 

Según Jorge Solís, presidente de la Federación Peruana de Cajas Municipales, el ‘gota a gota’ ha capturado a más de un millón de familias en Perú, inyectando cerca de 4 mil millones de soles en el mercado informal. Este tipo de prácticas se ha expandido especialmente en zonas de Lima Norte, donde el control financiero por parte de prestamistas informales limita las opciones económicas de los ciudadanos.

 

La reciente legislación representa un paso decisivo para combatir este fenómeno delictivo, y se espera que contribuya a la desarticulación de estas redes que han afectado a comunidades enteras.

 

 

 

Fuente: CanalB

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