El Congreso centrará su atención esta semana en debatir la reforma constitucional que impide a personas sentenciadas por ciertos delitos postular a cargos populares y ejercer cargos de confianza durante diez años después de cumplir sus condenas.

La iniciativa, acordada por la Junta de Portavoces Parlamentarios, busca modificar los artículos 34-A y el inciso 22 del artículo 139 de la Constitución.

Los delitos que conllevarían esta inhabilitación incluyen terrorismo, tráfico ilícito de drogas, violación de la libertad sexual, corrupción de funcionarios, entre otros.

Además, se dará prioridad al debate sobre igualdad en el acceso a la pensión de viudez, fortalecimiento de las funciones de supervisión y control de la Dirección Nacional de Inteligencia, y la ley sobre responsabilidad y transparencia fiscal de gobiernos regionales y locales.

Estas discusiones son cruciales para fortalecer el sistema democrático y garantizar la transparencia y el respeto por la ley en todos los niveles de gobierno.