El pleno del Congreso de la República aprobó la inhabilitación por diez años para ejercer cargos públicos contra Víctor Zamora, exministro de Salud durante el gobierno de Martín Vizcarra.

La decisión se basó en una acusación constitucional que señala al exfuncionario por la presunta infracción al artículo 9 de la Constitución y el delito de omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales.

La medida, sustentada en un informe presentado por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, se centró en las irregularidades detectadas en la adquisición de 1,4 millones de pruebas rápidas durante la pandemia de COVID-19, así como en su rol en la crisis del abastecimiento de oxígeno medicinal.

La votación para aprobar la inhabilitación se realizó en dos etapas: primero, la aprobación de la acusación constitucional, que requería un mínimo de 50 votos, y luego la inhabilitación, que necesitaba al menos 66 votos. Ambas propuestas obtuvieron el respaldo necesario en el Congreso.

La presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, María Acuña, y el congresista Jorge Montoya, encargado de sustentar el informe, destacaron que Zamora incumplió sus funciones al no supervisar correctamente la ejecución del Decreto de Urgencia 028-2020 y al avalar la compra de pruebas rápidas sin cumplir con los estándares de la política nacional de salud.

Durante su intervención en el pleno, el exministro rechazó las acusaciones en su contra y aseguró que las imputaciones carecen de pruebas.

“Este juicio político no tiene fundamento en pruebas y busca desacreditar el trabajo de cientos de profesionales que enfrentaron la pandemia. Es un intento de instrumentalizar la justicia para silenciar voces incómodas”, afirmó Zamora.

El exfuncionario también denunció que esta medida pretende desviar la atención de los problemas reales que enfrenta el país.

El informe aprobado sostiene que Zamora no cumplió con sus responsabilidades al permitir la compra indebida de pruebas rápidas y avalar su uso mediante la resolución ministerial 139-2020-MINSA, publicada el 30 de marzo de 2020. También señala su inacción frente a la crisis de oxígeno que agravó la situación sanitaria durante los momentos más críticos de la pandemia.

La sanción incluye la inhabilitación por 10 años para ejercer cualquier cargo público y el levantamiento de su fuero para que el Ministerio Público pueda investigarlo por el presunto delito de omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales.

El caso de Víctor Zamora se suma a otras acusaciones contra altos funcionarios del gobierno de Martín Vizcarra relacionadas con la gestión de la pandemia, como el polémico “Vacunagate”. Legisladores como Alejandro Muñante destacaron que la sanción busca evitar la impunidad en casos donde la administración pública actuó con negligencia durante la emergencia sanitaria.