El Congreso de la República recibió formalmente una moción de vacancia presidencial contra José Enrique Jerí Oré, luego de que el congresista Segundo Montalvo, de la bancada de Perú Libre, completara las 26 firmas necesarias para activar el procedimiento. El documento fue ingresado al área de trámite documentario y solicita declarar la permanente incapacidad moral del jefe de Estado, conforme a lo previsto en la Constitución.

La iniciativa se presenta en un contexto de marcada inestabilidad política, en el que ya se contabilizan seis mociones de censura contra el presidente. Este escenario ha profundizado la confrontación entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo, incrementando la presión sobre la continuidad del mandatario en el cargo.

Uno de los principales argumentos del pedido de vacancia está vinculado a presuntas conductas inmorales relacionadas con la gestión de recursos públicos, especialmente en el proceso de reestructuración de Petroperú S.A. La moción cuestiona el Decreto de Urgencia N.° 010-2025, mediante el cual el Ejecutivo dispuso medidas extraordinarias para la reorganización patrimonial de la empresa estatal y encargó a ProInversión la transferencia de bloques patrimoniales.

Según el texto presentado, estas decisiones habrían comprometido activos estratégicos del Estado, entre ellos la Nueva Refinería de Talara, bajo un esquema excepcional que, a juicio de los firmantes, se adoptó sin suficientes mecanismos de control y fiscalización, generando riesgos económicos y financieros para el país.

La moción también se sustenta en una denuncia periodística que reveló una reunión reservada entre el presidente José Jerí y el empresario chino Zhihua Yang, realizada el 26 de diciembre último en un restaurante del distrito de San Borja. Dicho encuentro no figura en los registros oficiales del portal de transparencia del Despacho Presidencial y es presentado como un hecho incompatible con la investidura presidencial.

Adicionalmente, el pedido de vacancia cuestiona la ausencia de políticas públicas eficaces frente a la inseguridad ciudadana, particularmente en el sector transporte, donde se reporta un incremento de asesinatos, extorsiones y robos durante el 2025 y lo que va del 2026. Con las firmas ya reunidas, el Congreso deberá decidir en los próximos días si la moción es admitida a debate en el Pleno, en medio de un escenario político cada vez más fragmentado.