La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso declaró improcedente la denuncia contra 11 legisladores señalados por presuntamente haber impulsado y aprobado un proyecto de ley que otorgaba beneficios económicos adicionales a ciertos funcionarios, incluyendo a exmiembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.

Entre los beneficiados directamente por la norma se encuentran los congresistas en retiro de las fuerzas del orden Williams Zapata (Avanza País), Jorge Montoya Manrique y José Cueto Aservi (Honor y Democracia), Roberto Chiabra León (APP) y Alfredo Azurín (independiente).

La lista de denunciados también incluye a Hamlet Echevarría Rodríguez y Américo Gonza Castillo (Perú Libre), Carmen Patricia Juárez Gallegos (Fuerza Popular), Juan Carlos Lizarzaburu Lizarzaburu (Somos Perú), Pedro Martínez Talavera (no agrupado) y Lucinda Vásquez Vela (Bloque Magisterial). Todos ellos fueron acusados de la presunta comisión del delito de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo, tipificado en el artículo 399 del Código Penal.

En la misma sesión, la subcomisión también abordará la denuncia contra la exfiscal de la Nación Patricia Benavides y la congresista Patricia Chirinos, quienes habrían acordado denunciar a jueces del Poder Judicial que favorecieron a los miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) en un fallo reciente, presuntamente por razones políticas.