Guillermo Olivera Días es el abogado penalista que formalizó la denuncia contra los 79 congresistas que votaron a favor de regular la cuestión de confianza, la Ley 31355 que fue observada por el presidente Pedro Castillo y que fuera aprobada por insistencia.

Los delitos por los que se le acusa son abuso de autoridad y banda criminal, además de infracciones contra la Constitución Política del Perú. Para el demandante los congresistas fueron parte de un ‘concurso real de ilícitos penales y diversas infracciones constitucionales’.

Actualmente, el Ejecutivo presentó una demanda de inconstitucionalidad sobre dicha ley de desarrollo debido a que considera que se ha roto el equilibrio de poderes al no evaluar la vacancia presidencial por incapacidad moral permanente. El magistrado Eloy Espinosa-Saldaña es el ponente encargado de ver este caso, que necesita cinco votos a favor para ser aceptada.