La presidenta Dina Boluarte y el presidente del Congreso, Alejandro Soto, enviaron una carta a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) rechazando el pedido de suspender el proyecto de ley sobre crímenes de lesa humanidad y de guerra. Este dictamen permitiría la prescripción de estos delitos cometidos antes de 2002. El primer ministro, Gustavo Adrianzén, anunció la postura oficial desde Pucallpa.

"No tenemos ninguna razón, de momento, para excluirnos de la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La presidenta de la República y el titular del Parlamento han enviado una carta de respuesta a la resolución de la CIDH, expresando su profundo rechazo", declaró Adrianzén.

La Corte IDH había emitido una resolución el 13 de junio, solicitando al Estado peruano suspender "inmediatamente el trámite legislativo del proyecto de ley" sobre la prescripción de los crímenes de lesa humanidad antes de 2002. El organismo internacional publicó esta resolución tras una solicitud de medidas provisionales por parte de los deudos de las víctimas de dichos crímenes.

A principios de julio, la Corte IDH pidió al Estado peruano que, a través de sus "tres poderes, tome las acciones necesarias para que no se adopten, se dejen sin efecto o no se otorgue vigencia al proyecto de ley" y que emita un informe detallado sobre el cumplimiento de esta solicitud a más tardar el 9 de agosto de 2024.

En su carta, Boluarte y Soto afirman que el Perú tiene "sus propios mecanismos internos" para controlar las leyes aprobadas, a través del Poder Judicial y el Tribunal Constitucional. "Deploramos profundamente que la Corte IDH implique que el Perú no es un estado constitucional de derecho y que carece de los mecanismos propios de una república democrática", concluye la misiva.