Dos meses después de anunciarlo, el Ejecutivo presentó una demanda competencial ante el Tribunal Constitucional (TC) para pedirle que interprete la aplicación del artículo 117 de la Constitución, cuestionando la forma en que la Fiscalía y el Poder Judicial han permitido investigaciones contra la presidenta de la República, Dina Boluarte.

La demanda fue presentada por el procurador público especializado en materia constitucional, Luis Huerta Guerrero, el 25 de julio, en representación del Gobierno y luego de la aprobación en Consejo de Ministros, el 17 de mayo.

El texto indica que la figura de la Presidencia de la República es el cargo más importante de la nación y que el Perú cuenta con un régimen presidencial atenuado, algo que “no puede ser alterado a través de interpretaciones constitucionales”.

El Gobierno señala, en ese sentido que se ha debilitado la figura del Ejecutivo desde que comenzaron investigaciones contra el exmandatario golpista Pedro Castillo en el 2022, lo cual es considerado como un cambio en la posición que tuvo el Ministerio Público contra otros presidentes en funciones y que luego fue respaldado por el PJ.

“A partir del año 2022, diversas instituciones vinculadas con el sistema de administración de justicia han venido interpretando el artículo 117 de la Constitución a fin de señalar que el presidente de la República puede ser investigado durante su periodo por cualquier delito, sin que el mencionado artículo constitucional sea un límite para ello. Esta interpretación ha sido realizada por el Ministerio Público, el Poder Judicial, la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General del estado, sin que exista a la fecha una posición del Tribunal Constitucional al respecto”, acusa el Ejecutivo.

Recordemos que la posibilidad de investigar a Castillo, con el aval del Poder Judicial y la consecuente presentación de una denuncia constitucional en su contra el 11 de octubre del 2022, permitió establecer que el artículo 117 de la Carta Magna solo impide formalizar una investigación preparatoria y que se instaure un proceso penal.

Esto, para la Administración de Boluarte, es una actuación que afecta “la competencia del presidente de la República para dirigir la política general del Gobierno”.