El presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez, sostuvo que el estado de emergencia decretado por el Ejecutivo busca establecer un marco jurídico efectivo para combatir la inseguridad ciudadana, y no “maquillar la incapacidad de un gobierno”.

En una entrevista concedida a Willax TV desde Palacio de Gobierno, explicó las medidas que se implementarán en el corto plazo y las estrategias dirigidas a enfrentar la criminalidad organizada.

Álvarez precisó que el nuevo decreto marca un cambio de enfoque en la lucha contra el delito. “El crimen organizado opera con la lógica del terrorismo. No se trata de una amenaza visible, sino de un enemigo que actúa desde dentro de la sociedad”, expresó. Por ello, enfatizó que la prioridad del Ejecutivo será fortalecer la labor de inteligencia e integrar los esfuerzos de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y las entidades del sector Interior.

El premier aclaró que el estado de emergencia no contempla un toque de queda, pues consideró que esa medida “no contribuye a contrarrestar las amenazas reales” y, por el contrario, podría afectar al comercio y al turismo. “Quien va a poner una bomba o ejecutar un acto delictivo podría ser incluso el vecino del bodeguero. Lo que se necesita es inteligencia y acción coordinada, no restricciones innecesarias”, subrayó.

En ese sentido, anunció la creación de una red de inteligencia interinstitucional, en la que participarán también el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y la Unidad de Inteligencia Tributaria. “La idea es que los equipos operativos trabajen de manera unida, sin recelos ni egos, para desarticular las estructuras criminales desde su raíz”, explicó. Álvarez estimó que los resultados más visibles se obtendrán en un plazo de cinco a seis meses.

Consultado sobre el financiamiento de estas medidas, el premier adelantó que se redirigirán recursos de Petroperú, a la que calificó como “un elefante blanco”. Dijo que el gobierno transitorio evalúa su venta total o parcial, priorizando la inversión en seguridad ciudadana. “No podemos seguir sosteniendo gastos innecesarios. Quienes provocaron ese desbalance deberán responder ante la historia”, remarcó.

Finalmente, Álvarez reiteró el compromiso del Ejecutivo de garantizar elecciones transparentes y en paz en abril de 2026. “El gobierno no intervendrá a favor de nadie. Nuestro único propósito es dejar un legado de orden, legalidad y estabilidad para el país”, concluyó.