El congresista Roberto Sánchez, quien fue ministro de Comercio Exterior y Turismo durante el gobierno de Pedro Castillo, ha colocado a seis militantes de Juntos por el Perú en el Congreso de la República.

Estos individuos ocupan cargos como asesores, técnicos, auxiliares y asistentes en diversas dependencias del Parlamento. La decisión ha generado polémica debido a la cercanía de Sánchez con el expresidente Castillo, quien actualmente enfrenta acusaciones por el golpe de Estado ocurrido el 7 de diciembre de 2022.

El Congreso de la República destina más de S/43 mil al mes para cubrir el salario de estas personas, lo que ha desatado críticas de opositores que señalan posibles vínculos políticos y la utilización de recursos públicos para beneficiar a miembros del partido.

Sánchez, quien es uno de los congresistas más cercanos a Castillo, está próximo a enfrentar un juicio oral por los hechos relacionados con el golpe de Estado. La fiscalía ha solicitado una pena de 25 años de prisión en su contra por el delito de rebelión.

La inclusión de estos militantes en el Congreso ha sido vista por algunos como una maniobra para reforzar su influencia política en el ámbito legislativo mientras enfrenta procesos judiciales.