El jefe de las fiscalías contra el Crimen Organizado, Jorge Chávez Cotrina, afirmó que el Perú ha tocado fondo frente al avance de la delincuencia y pidió que todas las instituciones del Estado tengan el coraje de reconocer sus errores.

Señaló que la inseguridad ciudadana no podrá reducirse mientras se mantenga un sistema de justicia debilitado y sin presupuesto. “No se puede enfrentar la criminalidad con un Ministerio Público, un Poder Judicial, una Policía Nacional y un sistema de inteligencia sin recursos, logística ni tecnología”, indicó.

Chávez Cotrina sostuvo que durante años los distintos gobiernos han ignorado las necesidades del sistema de justicia e incluso han visto a la Fiscalía como un adversario. “¿Cómo coordinar con un ministro que está siendo investigado y que mira al fiscal como si fuera su enemigo?”, cuestionó, tras asegurar que el nuevo liderazgo del presidente José Jerí abre una posibilidad de trabajar de manera conjunta. Agregó que si el Ejecutivo ha decidido enfrentar el problema, el Ministerio de Economía debe responder a ese mismo ritmo asignando fondos reales y oportunos.

El fiscal explicó que, aun cuando se realizan operativos y se detiene a decenas de presuntos delincuentes, la falta de tecnología impide procesar la información obtenida. Señaló que los celulares incautados contienen evidencia clave —como números de extorsión o amenazas por WhatsApp—, pero la Policía y el Ministerio Público no cuentan con suficientes peritos ni equipos para analizarla. “Un especialista puede decirnos que recién abrirá la data en septiembre del próximo año porque hay miles de teléfonos acumulados”, alertó.

Sobre la desarticulación del Tren de Aragua, recordó que la organización criminal se expandió aprovechando la vulnerabilidad de migrantes venezolanos, aunque la mayoría de ellos no tiene vínculos delictivos. Informó que se han destruido seis líneas dedicadas a extorsión y trata de personas, con dos de ellas ya sentenciadas a 35 años de prisión y otras cuatro en proceso de acusación. Además, detalló que se investigan a bandas locales como Los Pulpos de Trujillo y el caso del atentado contra Agua Marina, advirtiendo que el crimen organizado funciona como una empresa que ocupa los espacios que quedan libres.

Chávez Cotrina reconoció que la crisis interna del Ministerio Público, por disputas políticas y cambios de fiscales de la Nación, afecta la imagen institucional. Sin embargo, aseguró que se están retomando lineamientos para responder con rapidez y dureza a organizaciones criminales, sobre todo en Lima. Destacó que por primera vez en años existe coordinación directa entre fiscales, jueces y policía bajo una sola estrategia en el actual estado de emergencia, y confió en que en dos o tres meses se podrá reducir el nivel de delincuencia.

Finalmente, el fiscal fue enfático al asumir responsabilidad institucional. “Hemos tocado fondo en la lucha contra la delincuencia, y todos somos culpables: Congreso, Ejecutivo, fiscales, jueces, policía e inteligencia”, afirmó. Sostuvo que el primer paso para rectificar el rumbo es admitir los errores y pedirle disculpas al país. Además, pidió a la ciudadanía denunciar extorsiones y confiar en los mecanismos de protección para víctimas y testigos. “Si no aceptamos lo que hicimos mal, ¿cómo vamos a cambiar?”, concluyó.