La fiscal de la Nación, Delia Espinoza, ha abierto diligencias preliminares para evaluar la legalidad del partido País para Todos, en el que milita el humorista Carlos Álvarez. La denuncia fue presentada por el antaurista Javier Sulca Cáceres, quien busca que se aplique el mismo criterio que llevó a la disolución del partido A. N. T. A. U. R. O.

El Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales acogió la denuncia de Sulca, quien argumenta que declaraciones de Álvarez en discursos públicos podrían atentar contra principios democráticos. En el documento fiscal se citan afirmaciones del cómico sobre la pena de muerte para violadores menores de edad, la expulsión de ciudadanos extranjeros y críticas a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

También se menciona que Álvarez habría cuestionado la indemnización a terroristas y la manutención de presos, además de advertir que la justicia podría ser tomada por mano propia si las autoridades no actúan.

La fiscal Espinoza ha programado para el 2 de abril la diligencia en la que se analizarán las manifestaciones del comediante presentadas por Sulca Cáceres en un USB. Si se encuentran evidencias suficientes, el Ministerio Público podría solicitar la ilegalización de País para Todos ante la Corte Suprema, siguiendo un proceso similar al del partido de Antauro Humala.

No obstante, a diferencia del caso A. N. T. A. U. R. O., que promovía un discurso abiertamente contrario al estado de derecho, las declaraciones de Álvarez coinciden en algunos puntos con posturas discutidas a nivel gubernamental. La presidenta Dina Boluarte, por ejemplo, ha planteado el debate sobre la pena de muerte en el marco del retiro de Perú del Pacto de San José.