El ministro de Defensa, Rafael Belaunde, expresó su respaldo a la incorporación del Ministerio Público al Comando Unificado encargado de combatir la criminalidad organizada en el Perú. La propuesta fue presentada por el fiscal de la Nación, Tomás Gálvez Villegas, quien considera indispensable fortalecer la coordinación entre las instituciones responsables de la seguridad y la administración de justicia para enfrentar el avance de las organizaciones delictivas.

Durante el Seminario Internacional de Seguridad Ciudadana, organizado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Gálvez planteó que la Fiscalía participe directamente en las operaciones desarrolladas por la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas. El titular del Ministerio Público sostuvo que la lucha contra la delincuencia requiere una estrategia conjunta que permita mejorar las investigaciones y evitar que las acciones de las fuerzas del orden se vean perjudicadas por filtraciones de información.

En respuesta, Belaunde calificó como pertinente la solicitud y explicó que la participación fiscal permitiría proporcionar respaldo jurídico a las intervenciones. Según detalló, resulta necesario contar con fiscales especialmente designados para recibir los informes de inteligencia, evaluar los elementos probatorios y verificar las autorizaciones que sustentan las operaciones contra las organizaciones criminales.

El titular de Defensa señaló que este mecanismo podría seguir un modelo similar al aplicado en el Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem), donde fiscales especializados intervienen en procedimientos relacionados con la lucha contra el terrorismo. De esta manera, el Comando Unificado buscaría fortalecer la legalidad de sus acciones y facilitar que las pruebas obtenidas puedan utilizarse adecuadamente en las investigaciones penales.

La propuesta también apunta a mejorar la coordinación operativa entre las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y el Ministerio Público, especialmente frente a delitos como la extorsión, el sicariato y otras modalidades del crimen organizado. Gálvez destacó que la participación temprana de los fiscales contribuiría a orientar las investigaciones desde sus primeras etapas y permitiría desarrollar intervenciones respaldadas por procedimientos legales.

La eventual incorporación de la Fiscalía representa un paso hacia una respuesta estatal más articulada frente a la inseguridad ciudadana. Sin embargo, su aplicación efectiva dependerá de la formalización de los mecanismos de coordinación y de la definición de responsabilidades entre las instituciones participantes. El objetivo será fortalecer las operaciones contra las organizaciones criminales y garantizar que las intervenciones permitan obtener resultados judiciales concretos dentro del Estado de derecho.