La agrupación política Fuerza Popular, presidida por Keiko Fujimori, ha lanzado un enérgico rechazo contra las diligencias anunciadas por la Fiscalía de la Nación. A través de un comunicado oficial, la organización acusó a la Fiscalía de utilizar su poder para realizar un ataque político que pone en peligro su participación en las elecciones generales del 2026.

La agrupación considera que estas acciones forman parte de un ataque sistemático para anular a los partidos de oposición y perjudicar el pluralismo democrático en el país.

La Fiscal de la Nación, Delia Espinoza, ha dispuesto abrir diligencias preliminares en contra de Fuerza Popular, en virtud de una denuncia presentada por la ciudadana Beatriz Cano, quien acusa al partido de haber incurrido en conductas antidemocráticas. La acusación se centra en los eventos ocurridos en los últimos años, que habrían puesto en peligro los principios democráticos y el orden constitucional.

Frente a la medida, Fuerza Popular ha expresado su firme defensa de la democracia y el derecho de sus militantes a participar libremente en el proceso electoral. En su comunicado, el partido aseveró que luchará dentro del marco constitucional para evitar que su derecho a postularse sea vulnerado. La organización subraya que, a pesar de los intentos previos por eliminarlo de la contienda política, seguirá adelante en la defensa de sus principios.

Si la Fiscalía llegara a declarar la ilegalidad de Fuerza Popular, el partido podría ser eliminado del registro ante el Jurado Nacional de Elecciones, lo que impediría que sus miembros participen en futuras elecciones. Además, sus sedes partidarias serían cerradas y sus líderes políticos quedarían fuera de la posibilidad de reelección.

El subsecretario general de Fuerza Popular, Miguel Torres, cuestionó a la Fiscalía por el inicio de diligencias contra el partido naranja por "una conducta antidemocrática". "Es una persecución política", sostuvo. "Creo que la fiscal de la Nación no se ha dado cuenta de que todos los días se están liberando delincuentes".

César Azabache, exprocurador anticorrupción, expresó su rechazo a la medida. "Expreso usualmente mi respaldo a las fiscalías. Pero esto es intolerable. Comenzando el proceso electoral no se puede abrir un procedimiento formal contra una de las agrupaciones más fuertes de la contienda por el simple pedido de una persona. No es admisible, sea cual sea esa agrupación afectada por esto. Esta decisión debe rectificarse de inmediato".

El congresista Fernando Rospigliosi calificó de "persecución política" la investigación de la Fiscalía sobre la presunta ilegalidad de Fuerza Popular. Según él, esta acción no tiene sustento legal y responde a intereses de sectores adversos a su partido. "La Fiscalía está controlada por la mafia caviar y actúa de manera política. En lugar de dedicar recursos a combatir la delincuencia, persiguen a partidos políticos como Fuerza Popular con acusaciones descabelladas", declaró.