Editorial Economía de El Montonero

Ha trascendido que, en el Consejo de Ministros del lunes pasado, no se acordó el rescate financiero de Petroperú por más de US$ 2,000 millones, porque el viceministro de Hacienda, José Carlos Chávez, se negó a respaldar nuevos aportes de recursos fiscales a una empresa virtualmente quebrada. El mencionado viceministro renunció y el asunto no se volverá a tratar hasta que el reemplazante de Chávez apoye el reflotamiento de la petrolera estatal, tal como lo exige la normatividad actual.

El nuevo aporte de US$ 2,000 millones de los recursos fiscales a Petroperú se suma el rescate financiero de más de US$ 2,500 millones durante el 2022 y los más de US$ de 6,000 millones que ya demanda el Proyecto de Modernización de la Refinería de Talara. Y si le agregamos que el Ejecutivo ha adjudicado de manera directa –sin licitación– los lotes petroleros I, VII y Z-69, que tenían contratos de concesión vencidos, el asunto se agrava. La adjudicación directa se produjo no obstante que había interés del sector privado.

¿Qué significan todos estos hechos y las cifras mencionadas? Es evidente que el Ejecutivo ha estatizado la política petrolera en el país y, de una u otra manera, el gobierno de Dina Boluarte ha comenzado a aplicar el plan de Perú Libre con respecto a la nacionalización de los recursos naturales. Por otro lado, ha trascendido que en el actual Consejo de Ministros existe una mayoría claramente estatista que aprobará el nuevo rescate financiero de Petroperú. Según estas versiones el propio presidente del Consejo de ministros, Alberto Otárola, y el ministro de Economía, Alex Contreras, se habrían allanado a la decisión de transferir los recursos a la petrolera estatal.

A nuestro entender el Ejecutivo ha comenzado a incumplir el mandato constitucional que establece que el Estado desarrolla un papel subsidiario frente a la actividad privada. El asunto se grafica con meridiana claridad con la decisión de entregar a Petroperú lotes petroleros con adjudicación directa. Pero no solo se trata de avanzar al filo y contra del precepto constitucional sobre las empresas estatales y el sector privado, sino que la sangría de recursos fiscales inevitablemente lleva a romper la disciplina fiscal. Así ha sucedido con todas las experiencias latinoamericanas alrededor del Estado empresario, desde Venezuela, pasando por Bolivia, hasta la Argentina destruida que encontró Javier Milei.

Unas semanas atrás el ministro de Economía, Alex Contreras, se enfrascó en un debate con el presidente del Consejo Fiscal, Carlos Oliva, quien sostuvo que no se habían cumplido las metas de reducción fiscal. El titular del MEF replicó señalando que el decreto supremo que adelantaba la transferencia de utilidades del Banco de la Nación para cumplir la regla fiscal era procedente. Más allá de los argumentos quedaba en evidencia que el Perú culminaba el año pasado en recesión y con alertas en rojo sobre la disciplina fiscal, preservada con esmero durante tres décadas. Una de las causas de estos desequilibrios: las obligaciones fiscales que ha dejado el despilfarro de recursos a favor de Petroperú.

Si el Ejecutivo sigue en esta ruta estaría dejando en claro que, en cuanto a la economía, estamos ante una segunda fase del gobierno de izquierda de Perú Libre. El populismo comienza a destilar de las costuras del actual gobierno, Incluso algunos sectores comienzan a hablar de que se bajarán los precios de los combustibles gracias a los rescates financieros a Petroperú. ¡Todo un argumento de naturaleza bolivariana!

En cualquier caso, las bancadas de la centro derecha que tuvieron papel protagónico en la derrota del golpe de Pedro Castillo, hoy tienen la responsabilidad de preservar las vigas maestras del modelo económico.