El Poder Ejecutivo decretó el Estado de Emergencia por 30 días en Lima Metropolitana, el departamento de Lima y la Provincia Constitucional del Callao, ante el aumento de delitos como la extorsión, el sicariato y el tráfico ilícito de drogas.

Durante este periodo, la Policía Nacional del Perú (PNP) asumirá el control del orden interno con apoyo operativo de las Fuerzas Armadas, con el objetivo de recuperar la seguridad ciudadana.

La medida, dispuesta mediante el Decreto Supremo N.º 124-2025-PCM, suspende derechos constitucionales vinculados a la libertad personal, la inviolabilidad de domicilio, la libertad de reunión y de tránsito, permitiendo intervenciones inmediatas sin orden judicial. Se conformarán además comités especializados para coordinar, fiscalizar y comunicar las acciones de seguridad, entre ellos el Comité de Coordinación Operativa Unificada (CCO), el Comité de Fiscalización (CF) y el Comité de Comunicación Estratégica (CCE).

El decreto autoriza controles de identidad en la vía pública, operativos combinados entre la PNP, las Fuerzas Armadas y los serenazgos municipales, y una mayor vigilancia en mototaxis y motocicletas lineales, restringiendo el traslado de pasajeros adultos ante su uso frecuente en actos delictivos. También se reforzará el control penitenciario, reduciendo las visitas en penales y desactivando antenas y equipos ilegales que faciliten comunicaciones ilícitas desde los centros de reclusión.

El plan de emergencia incluye la fiscalización de mercados ilegales, como el tráfico de armas, drogas, autopartes robadas y chips telefónicos, así como la activación de jueces y fiscales de flagrancia para acelerar la judicialización de los delitos cometidos durante la medida. El financiamiento provendrá del presupuesto institucional del Ministerio del Interior y de recursos adicionales autorizados por el Ministerio de Economía y Finanzas.

El Decreto Supremo fue refrendado por el presidente de la República, el primer ministro Ernesto Álvarez Miranda y los titulares de Defensa, Interior, Economía, Justicia y Transportes. El Gobierno busca que esta acción conjunta restablezca la seguridad y la confianza pública en zonas afectadas por la delincuencia, destacando que el éxito de la medida dependerá de la coordinación interinstitucional y del respeto a los derechos humanos durante su aplicación.