La Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) oficializó la designación de Juan Rafael Villarán Escardó como secretario técnico de la Comisión Multisectorial de Alto Nivel para Recuperar la Seguridad y el Orden Público, denominada «Perú en Orden». El nombramiento busca fortalecer la coordinación institucional y acelerar la ejecución de medidas frente a la delincuencia y el crimen organizado.

La designación fue establecida mediante la Resolución Ministerial N.° 360-2026-PCM, publicada el 23 de octubre. Villarán tendrá la responsabilidad de articular el trabajo de las entidades que participan en la comisión, facilitar la implementación de los acuerdos y contribuir a superar las dificultades administrativas que puedan retrasar las acciones de seguridad.

Tras asumir el encargo, el funcionario sostuvo una reunión con el presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, para evaluar las primeras medidas de apoyo a los equipos operativos de la Policía Nacional del Perú y del Comando Unificado. Durante el encuentro se abordaron mecanismos de coordinación y respaldo logístico y legal para fortalecer las intervenciones contra la criminalidad.

Entre las funciones de la Secretaría Técnica figura el seguimiento de los compromisos adoptados por la comisión, así como la coordinación permanente con el Ministerio del Interior. También podrá solicitar información técnica y reservada a las instituciones competentes y proponer la participación de especialistas para contribuir a la elaboración de medidas de seguridad y orden público.

Juan Villarán cuenta con experiencia en seguridad ciudadana, políticas públicas y gestión estatal. Entre sus antecedentes profesionales destaca su desempeño como vicepresidente del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), además de su participación como consultor del Gobierno peruano en asuntos penitenciarios y derechos humanos ante las Naciones Unidas.

La incorporación de Villarán representa un nuevo paso en la puesta en funcionamiento de «Perú en Orden», instancia destinada a mejorar la articulación entre las instituciones responsables de enfrentar la delincuencia. El principal desafío será convertir los acuerdos en acciones verificables, fortalecer la capacidad operativa de las fuerzas del orden y establecer mecanismos de seguimiento que permitan evaluar los resultados de la estrategia gubernamental.