El paro del transporte urbano en Lima y Callao, que paralizó amplias zonas de la capital durante el lunes 6 de octubre, fue levantado tras una reunión entre representantes del Ejecutivo y los gremios del sector. En el encuentro, encabezado por el primer ministro Eduardo Arana y los titulares de Economía, Interior y Transportes, se acordó establecer una hoja de ruta para enfrentar la inseguridad y mejorar las condiciones laborales de los conductores.

El acta de compromisos firmada entre ambas partes establece cinco puntos principales. El primero contempla la instalación de una mesa de trabajo el 14 de octubre con la participación de la PCM, ministerios y empresarios del transporte, con el fin de abordar de forma integral la crisis del sector. También se acordó brindar asistencia económica y psicológica a los familiares de los más de 40 choferes asesinados por mafias de extorsionadores.

Otro de los compromisos asumidos es coordinar con el Ministerio Público y el Poder Judicial la puesta en marcha de unidades de flagrancia y reforzar el bloqueo de líneas telefónicas en los penales, desde donde operan bandas criminales. Además, tanto el Ejecutivo como los gremios coincidieron en que toda medida futura será previamente coordinada para evitar afectaciones al servicio público y garantizar la seguridad de los pasajeros.

El acuerdo culmina con la decisión de suspender la paralización y restablecer la operación normal del transporte urbano desde este martes 7 de octubre. Sin embargo, la medida no ha sido acatada por todos los grupos de transportistas.

En San Juan de Lurigancho, uno de los distritos más golpeados por la inseguridad, varios choferes mantienen bloqueadas avenidas como Próceres de la Independencia. Buses de distintas líneas se encuentran apostados en las vías mientras los manifestantes denuncian la falta de protección frente a la extorsión. “Seguimos arriesgando la vida por trabajar, y nadie nos cuida”, expresó un conductor que aseguró no levantar el paro hasta ver resultados concretos.