Un informe final elaborado por una comisión investigadora del Congreso advierte que constructoras de la República Popular China habrían obtenido de manera irregular contratos con el Estado peruano por más de S/ 10 mil millones en el sector Transportes y Comunicaciones entre 2018 y 2022.

El documento señala que 13 compañías asiáticas lograron adjudicarse 93 contratos en ese período dentro del Ministerio de Transportes y Comunicaciones del Perú, monto que representa cerca de la cuarta parte del presupuesto total del sector en esos años.

Según el reporte parlamentario, el valor total de los contratos en el sector ascendió a S/ 10,123 millones, de un presupuesto de aproximadamente S/ 45 mil millones que manejó el ministerio en ese periodo. Las obras fueron adjudicadas tanto por el gobierno central como por entidades adscritas como Provías Nacional y Provías Descentralizado, además de gobiernos regionales y municipales.

La comisión investigadora sostiene que las adjudicaciones habrían ocurrido en el marco de una presunta organización criminal que, según el documento, habría estado liderada por el expresidente Martín Vizcarra. El informe recomienda que los funcionarios públicos involucrados sean denunciados constitucionalmente e inhabilitados por el presunto delito de negociación incompatible, al considerar que se habrían impulsado decisiones normativas y administrativas para favorecer a determinadas empresas.

Entre los casos analizados aparece el del empresario chino Zhihua 'Johnny' Yang, vinculado a la empresa Cantón Lima SAC y mencionado por sus relaciones con el congresista José Jerí. De acuerdo con el informe, una de las obras adjudicadas al consorcio en el que participaba la empresa relacionada con Yang fue un corredor vial en la región Áncash por más de S/ 195 millones, donde se habría detectado la presentación de información inexacta en el proceso de contratación.

El documento también identifica un patrón de subcontratación en las obras adjudicadas a empresas estatales chinas, mediante el cual la ejecución operativa habría sido delegada a compañías locales. Según la comisión, este esquema habría permitido a las firmas extranjeras mantener el control financiero de los proyectos mientras intermediarios locales asumían parte de las operaciones, generando además denuncias de proveedores por presuntos incumplimientos de pago.

Asimismo, el informe sostiene que las constructoras asiáticas habrían aprovechado cambios normativos impulsados durante el gobierno de Martín Vizcarra, entre ellos modificaciones al reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado que incorporaron el requisito de solvencia económica. En ese contexto, se menciona también la autorización para el funcionamiento de Bank of China (Perú) S.A., entidad que posteriormente habría otorgado cartas fianza a varias de estas empresas para participar en grandes proyectos de infraestructura.

La comisión parlamentaria concluye que, además de los contratos en Transportes y Comunicaciones, al menos veinte empresas chinas obtuvieron acuerdos con otras entidades públicas por más de S/ 5 mil millones adicionales. Por ello, recomienda la creación de una nueva comisión investigadora multipartidaria que revise contrataciones realizadas en al menos nueve ministerios, así como en gobiernos regionales y locales, durante el mismo período.