Zoraida Ávalos, anterior fiscal de la Nación, confirmó que sí había indicios para investigar al presidente Pedro Castillo, pero prefirió detener las indagaciones hasta que culmine su mandato, lo que muchos calificaron como blindaje.

Hoy la decisión está en manos del reemplazante de Ávalos, Pablo Sánchez, quien evalúa revertir la decisión debido a que la información que compromete a Castillo se está corroborando, tal como lo indicó Rafael Vela Barba, coordinador de las fiscalías de lavado de activos.

En menos de 10 meses en el primer cargo del Estado, Castillo acumula tres investigaciones por los presuntos delitos de tráfico de influencias agravado, colusión y patrocinio ilegal, en los casos Puente Tarata III, Petroperú y los ascensos en las Fuerzas Armadas.

Además, tiene otros dos casos abiertos por acciones efectuadas antes de que asumiera la presidencia, por los presuntos delitos de falsa declaración en procedimiento administrativo, falsedad genérica e ideológica, plagio agravado y cobro indebido, por los casos de mentir en su hoja de vida y el plagio de tesis de maestría.