El fiscal del Equipo Especial Lava Jato, José Domingo Pérez, afirmó que evalúa renunciar al Ministerio Público luego de que el Tribunal Constitucional (TC) ordenara archivar el caso Cócteles, que involucraba a la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, por presunto lavado de activos.

En una entrevista concedida a un medio local, el magistrado sostuvo que la decisión del TC responde a motivaciones políticas antes que jurídicas.

Pérez aseguró que, tras el fallo, se han intensificado los ataques y presiones en su contra, tanto desde el ámbito político como institucional. “La posibilidad está latente porque si va a haber actos de acoso y hostigamiento, más allá de lo que haga la pestilencia en el centro de trabajo, lo hace la propia institución a través de esta persecución que ya la señora Fujimori lo anunció”, expresó. Añadió que el Congreso de la República ha iniciado acciones que forman parte de una campaña de amedrentamiento contra los fiscales del caso.

El integrante del Equipo Especial también advirtió que una eventual denuncia en su contra por parte de Fuerza Popular no le sorprende. “Eso proviene siempre de organizaciones delictivas que buscan afectar a los fiscales que realizan su labor”, dijo. Pérez cuestionó además la actuación del TC, señalando que se ha “instrumentalizado la justicia constitucional” para beneficiar a los acusados.

Durante la entrevista, el fiscal comparó el contexto actual con la época del fujimorato. “Parece que esta gente no entiende que no estamos en los años 90”, manifestó, aunque el periodista César Hildebrandt le respondió: “¿Está usted seguro que no estamos en los años 90?”. Pérez replicó que aún permanece en la Fiscalía, pero reconoció que, si debe salir por “la prepotencia de estas personas”, sería una señal de retroceso institucional.

El Tribunal Constitucional decidió archivar el caso el 20 de octubre, al considerar que los presuntos delitos atribuidos a Fujimori y otros 14 investigados no tenían sustento legal. Según la resolución, la figura de lavado de activos por receptación patrimonial fue incorporada al ordenamiento jurídico recién en noviembre de 2016, mientras que los hechos denunciados se habrían producido antes de esa fecha. La decisión ha generado un amplio debate político y jurídico en el país.